Investigación

La persona que ocupe el cargo de director general de la Policía Nacional (PN) es quien tiene la responsabilidad última de velar por que se sigan los procedimientos que regulan las acciones del cuerpo policial.

Es por ello, que a la luz del reglamento interno y las normas de procedimiento de la institución, habría que examinar las consecuencias jurídicas que le caben al máximo jerarca del cuerpo con las acciones u omisiones que provocaron la muerte de dos jóvenes unidades policiales en Chilibre, a manos de los delincuentes.

Por lo pronto, ha trascendido que al comisionado Bolívar Pimentel y al mayor Secundino Carrera, responsables estructurales y de área, fueron enviados de vacaciones y se les ha iniciado un proceso en la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).

Ojalá que no suceda lo de siempre, en que los que pagan son los “pescaditos”, dejando a los peces gordos a salvo.

Debe hacerse una investigación rigurosa y transparente sobre las acciones u omisiones institucionales, y el nexo causal de las mismas con la muerte violenta de los policías y si las mismas se produjeron por negligencia de los superiores, estos deben ser sancionados, cualquiera sea su jerarquía.

Yendo más lejos, estamos en una situación de deficiente servicio público de seguridad, prestado por la Policía Nacional, en la que los perjudicados han sido precisamente dos miembros del cuerpo armado.

No nos extrañe si el día de mañana la propia policía es demandada por los familiares de los caídos, ya que esas muertes pudieron haberse evitado si se hubieran seguido las normas procedimentales, de modo tal que no se hubieran dado las negligencias que dejaron a las unidades en indefensión.