Juicio político

La tesis de que el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli es un juicio político, se sustenta en las acciones y omisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de querer endilgarle al exmandatario un estatus de diputado del Parlacen, del cual materialmente carece, con el fin de justificar su antijurídica retención de la competencia para seguir conociendo del proceso.

Ya a estas alturas, la opinión pública nacional está clara en los designios que gravitan detrás de la tozudez de algunos sectores de la magistratura, de seguir viendo a Martinelli como diputado del Parlacen, cuando es un hecho público y notorio que dejó de serlo, por renuncia al organismo regional, por lo que el Órgano Judicial perdió competencia para conocer privativamente del caso que se le sigue.

Baste mencionar el caso de un magistrado de la Corte Suprema, investigado por presuntas denuncias, cuya renuncia al cargo logró que su juez natural perdiera competencia al asumirla otro ente judicial en la justicia ordinaria y por mandato de la ley. Nos referimos al caso del exmagistrado Víctor Benavides, harto conocido por la opinión pública nacional.

Por otra parte, el escándalo que se ha destapado con la visita de un “puente” a la cárcel de El Renacer, ha dejado claro que detrás de toda esta tramoya judicial, lo que gravitan son intereses económicos de los llamados “querellantes”, conocidas figuras políticas adversas al exmandatario, que lo que buscan es “desplumarlo” a nivel económico.

Todos estos factores dejan claro que la justicia es la gran ausente en el juicio a Martinelli, y por el contrario, los convocados son la persecución y el odio, amancebados con la codicia desmedida e inmoral.