Juicios políticos

Hoy se cumple un aniversario más del crimen en el hipódromo Juan Franco, el único caso en que un presidente panameño en ejercicio es asesinado.

La fecha viene a cuento porque a raíz del magnicidio del presidente José Antonio Remón Cantera, se tejieron las más variadas hipótesis, unas con mayor fuerza que otras; se habló de una conspiración política, que si los comunistas fueron los autores, otros decían que fue la mafia de Lucky Luciano, hasta se involucró a la primera dama Cecilia Pinel de Remón.

Por el crimen fue juzgado por la Asamblea de Diputados, el primer vicepresidente José Ramón Guizado, en lo que se consideró un sainete político y un burdo “show” circense para apartar del poder al primer designado. Fue el célebre “Proceso Guizado”, por el que fue condenado, la gran ausente en este juicio fue la verdad.

El autodenominado autor material del magnicidio, el abogado Rubén Oscar Miró Guardia, quien involucró a Guizado en calidad de autor intelectual del hecho, se retractó en 1957, por lo que Guizado fue liberado, pero su vida quedó destruida y su reputación manchada. Murió en 1960.

Este juicio, así como el de los presidentes Arnulfo Arias en 1951 y el de Marco Robles en 1964, son un indicativo de que la Asamblea Nacional no es apta para administrar justicia, porque actúa en función de intereses creados.

Hoy la Asamblea tiene en la picota a un magistrado de la Corte Suprema, empero una visión superficial al proceso demuestra que no existe ningún tipo de garantía, de las llamadas juezas de garantías, que más parecen asistentes del diputado-fiscal que directoras del proceso judicial.

La Asamblea no puede juzgar porque no es imparcial, así lo ha demostrado la historia reciente del país. Quien caiga en las garras de esos diputados mejor que se persigne porque puede correr la suerte de Guizado y Arias, que juzgados y condenados después los hechos demostraron su inocencia.

Como la Asamblea tiene la función juzgadora basada en el mandato constitucional, lo único que recomendamos es que la ejerza con respeto al debido proceso, que no se someta a las directrices del Ejecutivo y que actúe apegada a la ley. ¿Será mucho pedir?