Justicia clasista y discriminadora

La vinculación del diputado oficialista José Alberto Rosas, a través de su firma de abogados, con pagos recibidos de la constructora Odebrecht, investigada por corrupción transnacional, es evidencia del doble rasero con que actúan las autoridades del Ministerio Público.

La ciudadanía tiene que tener bien claro que el Ministerio Público, en cabeza de la procuradora Kenia Porcell, se ha convertido en un apéndice político del gobierno de Juan Carlos Varela, toda vez que aplica una investigación selectiva que solo apunta a los enemigos y críticos del régimen.

Cuando Ramón Fonseca Mora dijo en la entrada del edificio Avesa que el propio Varela le confesó que había recibido dineros de Odebrecht, era para que Porcell y sus fiscales movieran toda la maquinaria investigadora para establecer si este era un hecho cierto o no, y luego remitir la sumaria a la autoridad que tuviera la competencia procesal para investigar al mandatario.

Se sabe que Rosas recibió billete de Odebrecht, se sabe que allegados a Popi Varela, como los “Niños”, también movieron millones de la constructora brasileña, que un hermano de la vicepresidenta Isabel de Saint Malo “está en el baile”, como decimos en buen panameño, pero parece que aquí no pasa nada, salvo que sea usted crítico opositor o miembro del partido Cambio Democrático (CD).

Mientras los pobres, que no tienen para pagar abogados de renombre, mientras los perseguidos por el régimen se pudren en las cárceles, hay impunidad en la calle para los delincuentes de cuello blanco protegidos por el poder del Estado.