Libertad para todos

La liberación del exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino fue una decisión político-jurídica, en función de que la detención preventiva a la que estaba sometido de hecho se había convertido en una condenada anticipada, desvirtuando el fin de este instituto penal, que es proteger la integridad de la prueba y la vinculación del imputado al proceso, además de ser violatoria a los derechos humanos.

En el caso de Ferrufino, ya su cruel arresto iba para 24 meses sin ir a juicio, lo que es una grosera y flagrante violación de su presunción de inocencia, ya que la fiscal de instrucción no tuvo el valor ni la entereza de sustituirle la medida por otra más acorde a su situación jurídica.

Fue necesario que los abogados del expresentador interpusieran los recursos ante el Órgano Judicial para que estos -tomando en cuenta circunstancia de política criminal-, como no se puede abusar de la detención preventiva, optaran por cambiarle la medida.

¿Por qué no pudo el propio Ministerio Público cambiar la detención preventiva por una medida menos gravosa? Simple y sencillamente porque hay un afán de dañar honras, reputaciones y quebrar voluntades.

Si el caso de Ferrufino se cae procesalmente hablando, como no dudamos que va a suceder, Kenia Isolda tendrá el consuelo, por demás pírrico, de haber tenido “guardado” al joven exministro durante casi dos años.

Así como se abrió la puerta de la celda de Guillermo debe abrirse la de Oscar Osorio, otro exministro que languidece bajo el imperio del despotismo entronizado en la Procuraduría.

Pareciera que los fiscales perseguidores hacen triquiñuelas procesales para negarle igualdad de armas al imputado; a que este, desde fuera de la cárcel y con sus abogados, arme su defensa ante las acusaciones que se le endilgan.

Maldad suprema, no hay otra explicación a la negativa del Ministerio Público de sustituir medidas de detención por otras más acordes a la actual realidad procesal de los acusados.