Medida demagógica

El anuncio hecho por el presidente Juan Carlos Varela, de que en enero del próximo año aumentará a $600 el salario mínimo que devengan los funcionarios, ha tomado por sorpresa a los propios ministros y altos directores, ya que ese dinero no está presupuestado, según lo ha reconocido el propio mandatario.

El presupuesto general del Estado para el periodo fiscal ya fue aprobado y ahí no hay renglón alguno que contemple la intempestiva medida, la cual no ha sido producto de un estudio técnico ni financiero.

Varios ministros han exteriorizado su desconcierto y sorpresa ante el anuncio, toda vez que tendrán que hacer ahorros, recortes y ajustes en las instituciones que regentan, ya que la realidad es una: no hay dinero para cumplir esa promesa.

Entonces, ¿por qué prometer lo que le va a ser muy difícil cumplir?, simple y sencillamente porque dentro de la lógica de los estrategas gubernamentales tratan de tapar un anuncio con otro para así desviar la atención de la opinión pública.

Nos referimos al decreto que permite jubilarse con el último salario, en este caso, $7,000.00, a los uniformados que prestan servicio como ministros y altos cargos en el Órgano Ejecutivo.

La medida que causó tanto rechazo ciudadano busca comprar lealtades entre uniformados que le permitan al jefe del Ejecutivo actuar a sus anchas en la política de autoritarismo y persecución contra sus adversarios políticos.

El empleado público históricamente ha sido carne de cañón de los gobiernos de turno, no fue sino en la anterior administración que por primera vez se aprobó una ley que los protege, la cual fue suspendida por el actual gobierno.

Es sabido que mientras el funcionariado pobre sobrevive con sueldos de hambre, la planilla pública se engrosa de asesores inútiles con altos sueldos.

Si limpian la burocracia de vagos que pululan en ella, con esos sueldos sí se podrán pagar estos aumentos al salario mínimo del burócrata pobre.