RedacciónLos enfrentamientos entre antimotines e indígenas opuestos a la reforma del Código Minero obligan al gobierno a replantear el manejo del tema.Sin duda que en río revuelto los políticos intentan sacar provecho, por lo que se requiere un diálogo directo con los pobladores donde existen yacimientos de cobre y oro que serán explotados.
Al final de cuentas, son los indígenas que han habitado esas tierras los que serán afectados o beneficiados con la extracción metálica.
Para esas zonas debe destinarse la mayor ganancia que genere en el futuro esa explotación.En el manejo del tema minero hay un doble discurso entre los políticos.Los que ayer aprobaron concesiones exonerando de impuestos a las mineras, hoy son los que más vociferan desde las trincheras de sus despachos refrigerados contra la reforma minera, que tiene mayores beneficios que la antigua legislación de 1963.
Sin duda que lo mejor para el medio ambiente es que no existiera minería, pero la realidad es que es una actividad económica y como tal debe estar sujeta a estrictos controles.Por eso, más que la lucha en las calles, la pelea debe ser en el debate para lograr una legislación que proteja el ambiente, que beneficie a las poblaciones de las áreas donde se exploten los yacimientos, que se establezcan fianzas y multas millonarias para mitigar los efectos de cualquier daño ecológico, así como se haga una revisión en lo concerniente a la participación de Estados extranjeros en las compañías que logren las concesiones.
El enfrentamiento que se produce en San Félix y otros puntos no debe ser el norte.La experiencia de lo sucedido en Changuinola es algo que no debe repetirse, por lo que se hace necesario recuperar la cordura y abrir espacios para el diálogo.