Notarías transparentes

Históricamente, una de las fuentes de la corrupción en el país ha sido la gestión de las llamadas notarías, a las que la ley las ha hecho depositarios de la fe pública dentro del tráfico jurídico, comercial y social.

Es una realidad que algunos notarios -por dolo o culpa- han abusado de esa fe pública que la sociedad ha depositado en ellos para darles legitimidad a los actos y contratos, y estas instituciones han convertido en fuente de despojos de derechos reales.

Igualmente, las notarías con el tiempo se convirtieron en botín político de los gobiernos de turno, quienes las adjudicaban a allegados, muchas veces sin que ocuparan materialmente el cargo, designándose en el mismo a un testaferro que debía rendir cuentas al “dueño” de la notaría.

Es por ello por lo que constituye una esperanza en que se acaben todas estas irregularidades con la actual discusión del proyecto de ley 119, presentado por la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, por medio del cual se introducen reformas al régimen de notarías en el país.

El proyecto busca poner orden en las notarías y que estos funcionarios sean transparentes en sus actuaciones, además que se conviertan en aliados de la persecución del delito, al denunciar maniobras fraudulentas que se pretendan hacer a través de sus despachos.

Ojalá que ahora no vengan los diputados a torcer el objetivo sano del proyecto, añadiendo y quitando a su antojo para acomodarlos a los inconfesables propósitos de la política criolla. De hacerlo, sería castrar una iniciativa tan importante para el país, como lo es poner orden en las notarías.