¿Podremos decir algún día que hay justicia en Panamá?
Mi nombre es Luis Carlos Amado Arosemena, cédula 8-157-311 ciudadano panameño, soy familiar por afinidad del Ing. Oscar Osorio Casal, exministro de Desarrollo Agropecuario, quien se encuentra detenido producto de situaciones confusas, al mezclar quienes tienen como deber la responsabilidad de hacer justicia, una situación que requería de una solución administrativa, sustituyéndola por la búsqueda de una solución penal. Si se pretendía hacer justicia en el contrato para la ejecución del proyecto de Riego del Valle de Tonosí en defensa de los intereses del único realmente perjudicado, el Estado panameño, lo que había que hacer era aplicar la ley #22 de contrataciones públicas administrativamente.
En atención a lo anterior, el Sr. ministro de Desarrollo Agropecuario o la persona en quien él hubiere delegado tenía que llamar al contratista HIDALGO e HIDALGO y preguntarle: va a continuar usted con el proyecto. Si su respuesta hubiese sido NO, de inmediato llamar a las aseguradoras que expidieron las fianzas de anticipo y de cumplimiento y decirles que su fiado no iba a continuar con la ejecución del proyecto, por lo que o se subrogaba el contrato para terminar la obra o el Estado se vería en la necesidad de salvaguardar sus intereses, de hacer efectivas dichas fianzas, algo tan sencillo era lo que correspondía hacer administrativamente – a menos que se estuviere protegiendo como parece ser, a las fiadoras-, pero por alguna razón ello se obvió y todo terminó en el Ministerio Público, aduciendo precisamente daño al Estado en un contrato que cuando se dio el proceso de investigación y las auditorías, todavía estaba según la orden de proceder vigente hasta el 3 de noviembre de 2015, al igual que lo estaban las fianzas de garantía, las que precisamente se constituyen para garantizar que el Estado se resarza de cualesquier daño sufrido.
Este contrato se resolvió administrativamente por el ministro de Desarrollo Agropecuario en 2015, posteriormente el Tribunal Administrativo de Contrataciones, la instancia correspondiente revocó la Resolución Administrativa y lo declaró vigente, a pesar de esta nueva oportunidad en vez de recuperar los dineros del Estado por la vía administrativa, que es lo que realmente importa, se insiste en ver a quién se mete o se mantiene preso.
Hoy 20 de julio, ya el Ing. Oscar Osorio tiene más de un año de estar detenido, correspondía en la fecha iniciar el juicio cuya fecha ya había sido pospuesta en ocasión anterior, sin embargo, por situaciones de fuero electoral debido a la postulación a la 5.ª Subsecretaría del CEN del PRD de uno de los llamados a juicio, el juez de la causa pospone para nueva fecha el juicio del 14 al 18 de noviembre, es decir, para dentro de 4 meses, durante los cuales de no otorgarse una medida cautelar como pretende el juez, el Ing. Osorio permanecerá privado de libertad, a esto no se le puede llamar justicia, lamentablemente la que se aplica es la de los hombres, pero la justicia divina la que viene de aquel que todo lo puede triunfará, imponiendo además a cada quien la penitencia que le corresponde.