Policía tributaria

La reciente acción de secuestro de cuentas y activos del ingenio La Victoria, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), empresa donde tiene intereses el exmandatario Ricardo Martinelli, deja al descubierto los designios de la actual administración que no solo va por la cabeza del expresidente, a nivel judicial, sino que ahora pretende intervenir sus empresas.

Durante la anterior administración, la ahora defenestrada Autoridad Nacional de Ingresos (Anip) desarrolló una política de cero tolerancia contra los evasores fiscales y les cayó a aquellos empresarios acostumbrados a no cumplirle al fisco, uno de los cuales es un notorio sostenedor del actual mandatario.

En aquella ocasión, las voces agoreras de siempre acusaron a la Anip de persecución política, ahora esas mismas voces callan ante el abuso y el atropello de la DGI devenida en una auténtica Gestapo o “SS” tributaria, al mejor estilo de los nazis.

Ahora hay silencio cuando por una presunta evasión de $4 millones se cautelan cuentas y activos por $35 millones. Esta es otra de las características de los regímenes autoritarios, el de utilizar a las instituciones de vigilancia fiscal como verdaderos policías tributarios y cuyos funcionarios se convierten es escudriñadores a ultranza de los libros contables. No es una “casualidad” que la DGI haya detectado supuestas irregularidades en una de las empresas vinculadas al expresidente.

Lo que llama la atención es que nada más ayer, los hoy devenidos en gobernantes criticaban la política de cero tolerancia de la desaparecida Anip, calificándola de persecución contra la opositores al régimen.

Hoy incurren en las mismas prácticas, con el agravante de que el criterio que utilizan es el de la selectividad.

Esa es la misma selectividad en la que han incurrido en los procesos judiciales, en los que más que justicia lo que se busca es escarnio y amedrentamiento de los que son críticos a la actual gestión gubernamental.