Prisiones

Redacción

La operación realizada por los estamentos de seguridad en La Joyita es un paso en la dirección correcta, pero ese tipo de requisa debe ser constante y exigir responsabilidades a custodios, seguridad externa, abogados y familiares que introducen toda clase de artículos prohibidos a las prisiones.

No puede ser que pandilleros y miembros de bandas tengan acceso a computadoras, celulares, armas de fuego, cuchillos, drogas y hasta una gallera.

Con las computadoras y celulares es que se están ejecutando los llamados "secuestros telefónicos", con los cuales se accede a la base de datos de alguna institución y se logra información confidencial de las víctimas y a través de un hábil manejo llaman a familiares de estas y simulan secuestros en los cuales exigen dinero o tarjetas prepago de celulares.

Las prisiones son universidades del crimen; se trata de gente que tiene todo el tiempo del mundo para planificar delitos y es por ello que se requiere una acción preventiva permanente de las autoridades para dificultar el accionar de esos maleantes.

De igual modo, los funcionarios y particulares que permitan el ingreso de artículos prohibidos deben ser sancionados ejemplarmente. No se puede tolerar esa sinvergüenzura.

Sin duda que los detenidos merecen una oportunidad para la resocialización, pero el coger drogas, realizar apuestas ilegales con desafíos de gallos y conspirar para perpetrar secuestros no forma parte de las iniciativas para que el recluso se reintegre luego a la sociedad.