Proyecto preocupante

El proyecto que presentó a la Asamblea Legislativa el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, para prevenir el blanqueo de capitales, hace realidad aquel dicho popular de que “el remedio es peor que la enfermedad”.

El problema no es el llamado “secreto bancario”, sino que se pretende atentar contra actividades sobre las que se ha asentado la prosperidad del país.

En el documento se incorporan otras actividades comerciales que serán supervisadas, dicen los proponentes, con el propósito de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

Pero la pregunta es ¿qué tienen que ver con esto los vendedores de carros, bienes y raíces, notarios, promotores de vivienda, firmas de abogados, contadores y otras que suman 25 actividades económicas objeto de regulación y vigilancia?

Si bien es cierto que Panamá tiene que apretarle la correa a la lucha contra el blanqueo de dinero, no es menos cierto que existe ya una normativa que reprime estos delitos, lo que se necesita es voluntad para ponerla en práctica.

De aprobarse este proyecto, lo que se va a conseguir es el efecto contrario, que ahogará la actividad económica de los sectores que se pretenden regular al encarecerla, porque tendrán que contar con oficiales de cumplimiento como si fueran bancos.

La normativa va a impactar negativamente a la economía y desaparecerá a los más pequeños que se dediquen a actividades reguladas, lo que aumentaría la tasa de desempleo en el país.

El proyecto dibuja la línea autoritaria del actual gobierno al convertir en policías financieros a los entes regulatorios como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Mercado de Valores.

Pelen el ojo, no seamos complacientes con organismos internacionales que obedecen a directrices de países poderosos, afectados por el lugar privilegiado de Panamá como centro bancario internacional.