Seguridad

Reza la Constitución Nacional en su artículo 17 que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción…”.

La actual política criminal, si es que existe tal concepto en la mentalidad de nuestras autoridades de seguridad pública, va en contravía de los hechos de violencia que diariamente apreciamos a lo largo y ancho del país.

Un ejemplo de ello es la campiña interiorana, antes lugar plácido de solaz y esparcimiento, se ha convertido en foco de hechos violentos, nada más hay que ver la reciente balacera en Coclé que dejó 4 heridos o los hechos criminales que sacuden a provincias como Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

La ciudadanía resiente los problemas de seguridad, y aunque las cifras oficiales revelan que el número de homicidios han disminuido, todos los días hay hechos violentos que alarman a la comunidad.

Si los administradores de la cosa pública no se paran firme a la vuelta de un año, Panamá tendrá los mismos índices de violencia criminal que otros países vecinos.

Los parches del gobierno han fracasado, barrio seguro es un fracaso, ahora el ministro de Seguridad pretende que se levante la restricción a la importación de armas de fuego ¡Dios nos agarre confesados! Su pueril argumento es que si no se levanta, se fomentará un mercado negro de armas de fuego.

El problema es que el gobierno en vez de enfocarse en temas prioritarios como la seguridad, anda con su único proyecto: perseguir a los opositores de Cambio Democrático.