Suspensión tardía

El Gobierno anunció la suspensión de la vigencia del Decreto 130, que reglamenta el proceso para actualización de información catastral, con el fin de iniciar consultas y escuchar las opiniones de los gremios y la sociedad civil, según dijeron.

La medida -más que oportuna- en realidad es tardía e ineficiente, ya que la inicial promulgación del decreto de marras generó en la ciudadanía un ambiente de crispación, angustia e indignación que ya no va a desaparecer porque el actual régimen ha perdido un elemento fundamental de toda gestión democrática: la transparencia.

Por otro lado, la medida nos recuerda aquel refrán de “poner la carreta delante de los bueyes”, simple y sencillamente porque primero debieron consultar a los sectores sociales interesados y luego de recoger consensos y opiniones, elaborar un documento bien explicado y sin ambigüedades.

Pero no lo hicieron así. Consecuentes con su costumbre de “actuar a la brava”, primero lanzaron el decreto y cuando la población se alzó, se llenaron de culillo, como decimos en buen panameño, y recularon en la medida.

Era previsible –para gente con sentido común– que los ciudadanos se iban a tirar a la calle, como sucedió el pasado sábado, cuando hubo protestas frente a la residencia del presidente Juan Carlos Varela, en el edificio Miramar.

La represión de que fueron objeto los manifestantes con la diputada Zulay Rodríguez a la cabeza es el preámbulo de mayores manifestaciones, no solo por este decreto, sino por un cúmulo de insatisfacciones y promesas incumplidas.

Al Gobierno, que reflexione porque el pueblo probó que cuando se lo propone, puede luchar en las calles contra medidas impopulares; ojalá que esto no sea el preámbulo de un estallido social, que ningún panameño que ame al país quiere que suceda. Por ello, señores del Gobierno: escuchen al pueblo.