Triunfo ciudadano

La decisión del Ministerio Público de retirar el proyecto de ley contra el cibercrimen, que en realidad era un ataque directo a la libertad de expresión, ha sido un éxito de los gremios periodísticos y la ciudadanía en general.

Si la comunidad periodística y los ciudadanos no se hubieran pronunciado enérgicamente, esta iniciativa se hubiera convertido en Ley de la República, con lo que tendríamos otra espada de Damocles más pendiendo sobre las cabezas de los comunicadores sociales y la sociedad en general.

Los artículos 15 y 17 del proyecto abrían la posibilidad de ser utilizados para reprimir la libertad de expresión a través de las redes sociales, las que se han convertido en vehículos de expresión del pensamiento social, sobre temas de actualidad.

El Ministerio Público tiene que entender que las redes sociales no pueden ser acalladas, y si bien es cierto, como en todos los aspectos de la vida social, se cometen abusos en el uso de estas redes, el ordenamiento jurídico local tiene remedios para hacerle frente a estos abusos sin necesidad de recurrir a mordazas.

Los gobernantes tienen que entender que la tecnología ha hecho más asequible la comunicación, la información y la opinión, y hay que buscar mecanismos para detener los abusos, pero nunca cercenando las libertades públicas so pretexto de combatir al delito.

Hay que buscar consensos de todos los sectores interesados, al momento de introducir una legislación que afecte la libertad de pensamiento, información y opinión de lo contrario, quienes así procedan quedaran como verdugos de la libertad.