Un salvavidas para la corte
Las audiencias en Miami al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal dejaron sentado a nivel internacional que hay desconfianza en la administración de justicia de Panamá. Sea porque es corrupta. Sea porque no hay independencia de poderes y una llamada puede torcer lo establecido en las leyes. De lo que se deduce, con tristeza, que nuestros operarios de justicia son personas manejables, faltas de carácter y de criterio, serviles, entreguistas o, cuando menos, venales.
El mal quedó expuesto más allá de nuestras fronteras. En México, el sumario por pinchazos o interceptaciones ilegales nos tomó como ejemplo. Independientemente de si el procesado N.°14813-104 es inocente o no, la pregunta obligada es, diagnosticada la enfermedad: ¿Qué vamos a hacer con una administración de justicia inoperante, incapaz de autodepurarse y siempre vendida al mejor postor? ¿Cuáles son los pasos o acciones por seguir para remediar el mal del cual nos quejamos y, especialmente, se quejan al parecer los que en su momento tuvieron el poder y los medios para corregir en lugar de reforzar? El malestar ciudadano “in crescendo” fue catapultado hasta el firmamento, donde lo tuvieran como gran pantalla las naciones vecinas y ahora el mundo entero. Pero ellos, los observadores, no son usuarios ni auxiliares del Palacio Gil Ponce. Nosotros sí. ¿Recursos sumarísimos dilatados por cinco, diez y doce años? ¿Exmagistrados de esa máxima corporación expresando que sus excolegas “están dormidos”? ¿Qué pasos tomar para sacarlos de su letargo? Lo que podría funcionar, que es investigar y juzgar sus actuaciones en la Comisión de Credenciales, es una quimera, pues es una comisión autocastrada. Y, contrario a la promesa de la campaña presidencial varelista, nunca fue el momento para una constituyente y ya no lo será. Es un gobierno en sus patéticos estertores: los N.°14813-105.
El Órgano Judicial requiere un salvavidas que lo auxilie de sí mismo. Una sala para resolver los recursos sumarios, los asuntos constitucionales, las denuncias contra los diputados de la República. Una sala incontaminada. Fuera de la sede del Gil Ponce, libre del nombramiento del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Donde sus integrantes JAMÁS hayan estado inscritos o militando en partido político alguno. Y, como van a restarle sustancial volumen de trabajo a los nueve magistrados tradicionales y cansados, es justo que parte de su salario también salga de ellos y devenguen todos 7,000 dólares. A ello obliga su internacional inoperancia.