Uso de recursos públicos

Aún no comienza formalmente el periodo electoral, cuando ya un ministro de Estado está realizando declaraciones de corte político, dando a conocer sus aspiraciones presidenciales, lo que ha despertado preocupación y hasta suspicacia en algunos sectores ciudadanos, toda vez que el burócrata de marras está manejando abundantes recursos públicos, que pueden ser desviados hacia la politiquería.

Llama la atención que el personaje esté dando declaraciones en las que relaciona directamente sus aspiraciones con los proyectos que adelanta la cartera ministerial que dirige, lo cual da un claro indicio de que pretende catapultar sus aspiraciones con los recursos estatales que administra.

Tal conducta puede ser constitutiva no solo de un delito electoral, sino de un tipo penal punible relacionado con la administración pública. Además, resulta incluso antiético, en relación con otros aspirantes, dentro y fuera del partido oficialista, el valerse de recursos públicos, procurándose así una ilegítima ventaja.

Cualquier funcionario que aspire a hacer política debe cumplir con las formalidades que señala la ley electoral. Si quiere “robarles el mandado” a los demás, que renuncie entonces a su cargo y se dedique a buscar adeptos para una eventual postulación.

Por un mínimo de decencia y moral pública, los funcionarios deben abstenerse de utilizar recursos del Estado para darse bombo y promoverse, cualquiera sea el cargo al que aspiren, porque los recursos públicos son de todos los panameños y no de un partido político.

Basta de jugar con las necesidades de los más humildes para hacer inmoral proselitismo.