Vigilancia ciudadana

El anuncio hecho por el mandatario de solicitarle a la viceministra de Desarrollo Social de “poner el cargo a disposición”, en virtud del escándalo del uso de escoltas, en horas laborales, para pasear a su mascota, requiere una lectura profunda.

En primer lugar, el cargo de viceministro es de índole político y como tal, de libre nombramiento y remoción; el presidente no dice nada nuevo al anunciar que le ha solicitado a la funcionaria que ponga el cargo a disposición, ya que sigue siendo viceministra hasta que el mandatario disponga otra cosa.

Por otro lado, en sus declaraciones el mandatario busca matizar los hechos atribuyendo la avalancha de críticas a la funcionaria como “un trabajo interno”, al margen del hecho en sí que no ha sido desmentido y que a tenor de las normas penales vigentes, puede ser constitutivo de un delito de peculado.

No por gusto la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información dijo que pasaría la denuncia al Ministerio Público.

Lo positivo de la reacción de Varela es que el Gobierno no pudo seguir ignorando la indignación ciudadana ante el censurable proceder de Sucre y tuvo que tomar una postura frente a ella.

Ahora le toca a los ciudadanos seguir en una espera vigilante y activa para que el escándalo sea investigado en el Ministerio Público, ya que sus elementos fácticos apuntan a la comisión de un delito contra la administración pública en la modalidad de “peculado de uso”, descrito en el artículo 341 del Código Penal patrio.

La opinión pública no puede ser ignorada por un Gobierno que se precie de democrático, ya que es la base de la dirección del Estado, porque se gobierna en función de las grandes mayorías.

En este sentido, las redes sociales han demostrado ser un vehículo eficiente para la formación del sentimiento popular, lo que no puede seguir ignorando el Gobierno, y si ese sentimiento es de repulsa y censura ante determinadas actuaciones públicas, a los burócratas no les queda otra que corregir el rumbo.