Gran mina de cobre pide operar "sin incertidumbres legales"
La concesión para operar la mina se otorgó en 1997 a otra empresa canadiense, que años después fue adquirida por Minera Panamá (subsidiaria de FQ), y se prorrogó en 2017 otros veinte años.
La multinacional canadiense First Quantum dijo este miércoles que el contrato que firmó con el Gobierno panameño para la explotación de una gran mina de cobre "cumple con todas las leyes" y pidió a la Administración entrante que le permita seguir operando "sin incertidumbres legales".
El pronunciamiento de la compañía tiene lugar un día después de que el presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, quien asumirá el poder el próximo 1 de julio, anunciase que revisará "cláusula por cláusula" el contrato de explotación.
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"Nuestra compañía siempre ha cumplido de manera plena con las leyes panameñas, así como con las regulaciones internacionales de transparencia y responsabilidad", aseguró First Quatum, dueña del proyecto Cobre Panamá.
Con un costo de construcción de 6.300 millones de dólares, Cobre Panamá es el proyecto de inversión privada más importante de la historia del país y se ubica en el área de Donoso, a 200 kilómetros al noroeste de la capital.
La mina a cielo abierto, una de las más grandes de Latinoamérica, tiene previsto enviar su primer cargamento de concentrado de cobre este mes y exportar a pleno rendimiento 320.000 toneladas métricas, lo que en el mercado internacional equivale a 2.000 millones de dólares, el triple de lo que Panamá exporta en bienes actualmente.
La concesión para operar la mina se otorgó en 1997 a otra empresa canadiense, que años después fue adquirida por Minera Panamá (subsidiaria de FQ), y se prorrogó en 2017 otros veinte años.
La polémica estalló el año pasado cuando el Supremo panameño declaró inconstitucional la ley que avaló la concesión de 1997, en respuesta a un recurso interpuesto por un grupo medioambiental, que denunció que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.
Tras el fallo judicial, el Gobierno saliente trató de blindar el contrato a través de un proyecto de ley presentado en el Parlamento, que fue rechazado por los diputados por considerar que las regalías del 2 % acordados eran muy bajas.
"Con gusto compartiremos toda la documentación relevante relacionada con la extensión del contrato (...) para que se pueda verificar que la solicitud de extensión del contrato se presentó de manera adecuada y con total transparencia", afirmó la minera.
El proyecto ha empleado a más de 13.000 personas durante su construcción y se calcula que su contribución al producto interior bruto (PIB) de Panamá sea del 3 % el año que viene.
Tanto la propia First Quantum como la actual Administración panameña, que han pedido aclaración al máximo tribunal, defienden que la sentencia no afecta a la mina porque lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.