Pescadores exigen modificaciones a decretos ejecutivos
Esta medida y otras no dejan otra opción a empresas como PROMARINA, sino paralizar al menos ocho de sus embarcaciones, lo cual implica el cese de personal.
Panamá- Los diversos gremios de pescadores artesanales e industriales del país solicitaron este viernes al Ejecutivo, modificar el contenido del Decreto Ejecutivo 15 del 19 de diciembre del 2022, que crea el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, y dicta otras disposiciones.
Este centro está integrado por funcionarios de Ministerio de Ambiente (Miambiente), Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap), Ministerio de Seguridad (Minseg) y Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Alejandro Vásquez, presidente del Consejo Nacional del Sector Pesquero de Panamá (Conasepa), dijo que el artículo ocho del mencionado decreto deja abierta la posibilidad de esta comisión interinstitucional de recibir apoyo de organismos no gubernamentales (Ong).
A Vázquez también le preocupa el accionar de organizaciones como Sea Shepherd, la cual fue contratada por MiAmbiente para efectuar tareas de monitoreo, vigilancia, control y fiscalización de áreas marinas protegidas.
Advierte que a nivel internacional las experiencias que los pescadores han tenido con esta Ong no han sido las mejores.
Las inquietudes de los pescadores artesanales e industriales del país fueron sustentadas durante una reunión realizada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
En esta reunión, los gremios de pescadores advirtieron además que las nuevas delimitaciones establecidas para las zonas de pesca, a través del Decreto Ejecutivo 138 del 8 de junio del 2021, ponen en riesgo las plazas de trabajo de cientos de trabajadores del mar.
Este decreto amplía los límites del área protegida “Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba”, prohibiendo la pesca industrial por parte de naves nacionales o extranjeras.
Para Carlos Villa, gerente de la empresa PROMARINA, ubicada en el corregimiento de Puerto Caimito, estas leyes se han tomado sin ningún sustento legal y científico, afectando por igual a empresas certificadas de forma sostenible y responsable.
Esta medida y otras no dejan otra opción a empresas como PROMARINA, sino paralizar al menos ocho de sus embarcaciones, lo cual implica el cese de personal.
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