- 26/7/13 - 06:48 PM
Según ONU, derechos indígenas amenazados en Panamá
Anaya elaborará un informe sobre su vista en Panamá que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se publicará el próximo año.
Panamá
AP
La construcción de una represa hidroeléctrica que inundará una zona anexa a tierras de una de las comarcas indígenas de Panamá figura entre varias de las amenazas que se ciernen sobre los derechos de los pueblos aborígenes en este país centroamericano, aseguró el viernes un funcionario de las Naciones Unidas.
Dos grupos étnicos minoritarios exigen, por su lado, que se les delimite su territorio, según destacó ante la prensa el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, quien realizó una visita de una semana en la que se reunió con funcionarios del gobierno, representantes de los grupos originarios y de la sociedad civil.
Si bien en Panamá la creación de comarcas o territorios autónomos ayuda a la preservación y el desarrollo de las culturas indígenas, y que en la Constitución se establecen disposiciones que protegen los derechos de esos pueblos, observó Anaya, ello es ``en muchos aspectos frágil y precario, y existen varias amenazas... que ponen en riesgo los avances logrados''.
El desarrollo de grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas ha sido motivo de numerosas quejas de violaciones a los derechos de esos grupos, especialmente en años recientes, expuso Anaya, y mencionó la construcción de la central hidroeléctrica Barro Blanco, en una región del occidente panameño aledaña a la comarca Ngobé-Buglé.
"De mis diálogos con representantes ngobés resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al proyecto Barro Blanco, así como una falta de claridad y de información adecuada sobre los impactos del mismo'', indicó. ``Sí se manifiesta con claridad'' el hecho de que si bien el proyecto está fuera de la comarca, su embalse inundará tierras anexas a esa delimitación indígena, con daños directos a pobladores, agregó.
En una reunión de prensa en abril, los propietarios del proyecto, de 120 millones de dólares y otorgado en concesión en 2007, explicaron que la represa en el río anegará 5,7 hectáreas de zona anexa a la comarca y afectará a unas 300 personas.
Señalaron que la represa, que generará 28,56 megavatios o el 2,0% aproximadamente de la energía que se produce en el país, debe estar lista para mayo del 2014.
"Es un proyecto de interés nacional... y tengo la certeza clara que la mayoría del pueblo ngabé lo quiere'', dijo su presidente, Aldo López. Estimó que el impacto en la población será mínimo.
Pero la cacica general de la comarca Ngobe-Buglé, Silvia Carrera, aseguró el viernes a The Associated Press que el proyecto afectará a unas cuatro comunidades y a una cifra mucho mayor de pobladores de la que menciona la empresa. La dirigente, así como otros representantes de los pueblos indígenas, escucharon y aplaudieron la presentación de Anaya ante la prensa en un hotel de la capital.
Los ngobés, que integran la comarca más grande de las cinco establecidas en el país, han realizado numerosas protestas exigiendo que se suspenda la construcción de la represa. Ellos argumentan que se está atentando contra la naturaleza y el río que les proporciona agua y alimento.
Carrera dijo a la AP que durante la visita del relator a sus comunidades le informaron de la represión policial contra varias protestas indígenas en los últimos años que dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos. Asegura que actualmente son intimidados y que sus territorios han sido ``militarizados''. Panamá no tiene ejército.
"Masacraron a nuestro pueblo. Hemos pedido que se investigue, pero todo queda impune'', se quejó la cacica. ``No tenemos apoyo de las autoridades''.
Anaya planteó que se debió consultar ``adecuadamente'' al pueblo ngobe antes de otorgar la concesión para el proyecto hidroeléctrico, y que en todo caso de acuerdo a las normas internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, no se debería proceder a la inundación de las tierras de ese grupo originario.
Una de las mayores inquietudes de los siete grupos indígenas del país, expone el relator, ``es el reconocimiento y la protección de sus territorios y recursos naturales''. Mencionó la ``inseguridad territorial'' en que se encuentran los pueblos bribri y naso, dos grupos minoritarios y cuyos territorios no disponen de un reconocimiento comarcal. Llamó al gobierno a considerar las exigencias formuladas por los nasos en ese tema.
Expuso que la falta de una consulta adecuada a los pueblos indígenas para la construcción de proyectos energéticos en sus tierras es un patrón común que se observa en América Latina y otras regiones del mundo.
Anaya elaborará un informe sobre su vista en Panamá que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se publicará el próximo año.
AP
La construcción de una represa hidroeléctrica que inundará una zona anexa a tierras de una de las comarcas indígenas de Panamá figura entre varias de las amenazas que se ciernen sobre los derechos de los pueblos aborígenes en este país centroamericano, aseguró el viernes un funcionario de las Naciones Unidas.
Dos grupos étnicos minoritarios exigen, por su lado, que se les delimite su territorio, según destacó ante la prensa el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, quien realizó una visita de una semana en la que se reunió con funcionarios del gobierno, representantes de los grupos originarios y de la sociedad civil.
Si bien en Panamá la creación de comarcas o territorios autónomos ayuda a la preservación y el desarrollo de las culturas indígenas, y que en la Constitución se establecen disposiciones que protegen los derechos de esos pueblos, observó Anaya, ello es ``en muchos aspectos frágil y precario, y existen varias amenazas... que ponen en riesgo los avances logrados''.
El desarrollo de grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas ha sido motivo de numerosas quejas de violaciones a los derechos de esos grupos, especialmente en años recientes, expuso Anaya, y mencionó la construcción de la central hidroeléctrica Barro Blanco, en una región del occidente panameño aledaña a la comarca Ngobé-Buglé.
"De mis diálogos con representantes ngobés resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al proyecto Barro Blanco, así como una falta de claridad y de información adecuada sobre los impactos del mismo'', indicó. ``Sí se manifiesta con claridad'' el hecho de que si bien el proyecto está fuera de la comarca, su embalse inundará tierras anexas a esa delimitación indígena, con daños directos a pobladores, agregó.
En una reunión de prensa en abril, los propietarios del proyecto, de 120 millones de dólares y otorgado en concesión en 2007, explicaron que la represa en el río anegará 5,7 hectáreas de zona anexa a la comarca y afectará a unas 300 personas.
Señalaron que la represa, que generará 28,56 megavatios o el 2,0% aproximadamente de la energía que se produce en el país, debe estar lista para mayo del 2014.
"Es un proyecto de interés nacional... y tengo la certeza clara que la mayoría del pueblo ngabé lo quiere'', dijo su presidente, Aldo López. Estimó que el impacto en la población será mínimo.
Pero la cacica general de la comarca Ngobe-Buglé, Silvia Carrera, aseguró el viernes a The Associated Press que el proyecto afectará a unas cuatro comunidades y a una cifra mucho mayor de pobladores de la que menciona la empresa. La dirigente, así como otros representantes de los pueblos indígenas, escucharon y aplaudieron la presentación de Anaya ante la prensa en un hotel de la capital.
Los ngobés, que integran la comarca más grande de las cinco establecidas en el país, han realizado numerosas protestas exigiendo que se suspenda la construcción de la represa. Ellos argumentan que se está atentando contra la naturaleza y el río que les proporciona agua y alimento.
Carrera dijo a la AP que durante la visita del relator a sus comunidades le informaron de la represión policial contra varias protestas indígenas en los últimos años que dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos. Asegura que actualmente son intimidados y que sus territorios han sido ``militarizados''. Panamá no tiene ejército.
"Masacraron a nuestro pueblo. Hemos pedido que se investigue, pero todo queda impune'', se quejó la cacica. ``No tenemos apoyo de las autoridades''.
Anaya planteó que se debió consultar ``adecuadamente'' al pueblo ngobe antes de otorgar la concesión para el proyecto hidroeléctrico, y que en todo caso de acuerdo a las normas internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, no se debería proceder a la inundación de las tierras de ese grupo originario.
Una de las mayores inquietudes de los siete grupos indígenas del país, expone el relator, ``es el reconocimiento y la protección de sus territorios y recursos naturales''. Mencionó la ``inseguridad territorial'' en que se encuentran los pueblos bribri y naso, dos grupos minoritarios y cuyos territorios no disponen de un reconocimiento comarcal. Llamó al gobierno a considerar las exigencias formuladas por los nasos en ese tema.
Expuso que la falta de una consulta adecuada a los pueblos indígenas para la construcción de proyectos energéticos en sus tierras es un patrón común que se observa en América Latina y otras regiones del mundo.
Anaya elaborará un informe sobre su vista en Panamá que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se publicará el próximo año.
