27 personas irán a juicio por delitos vinculados al narcotráfico
Las personas imputadas por los delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales serán llevadas a juicio este lunes 26.
La Procuraduría General de la Nación, por medio de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, llevará a juicio este lunes 26 de mayo de 2025 a 27 personas imputadas por los delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales, como resultado de las investigaciones derivadas de la operación “Fisher”, ejecutada en diciembre de 2021.
Esta operación, considerada una de las más relevantes en la lucha contra el crimen organizado en Panamá, tuvo como objetivo principal desarticular una red criminal vinculada al denominado “Clan del Golfo”, que operaba desde la costa Caribe panameña, particularmente en la Costa Arriba y Costa Abajo de la provincia de Colón, y que utilizaba el país como ruta estratégica para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.
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Según las investigaciones del Ministerio Público, la organización criminal recibía y almacenaba grandes cargamentos de droga provenientes de Colombia, los cuales eran luego ocultos en vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos para ser movilizados a través del territorio nacional. Posteriormente, eran enviados al norte en lanchas rápidas.
Producto de estas actividades ilícitas, el grupo logró generar altas sumas de dinero, que intentaba legitimar mediante inversiones en bienes y movimientos dentro del sistema bancario nacional. Como parte de los resultados de la operación “Fisher”, se logró la incautación de 1.5 toneladas de drogas, cerca de 10 millones de dólares en efectivo, y un aproximado de 20 millones en activos, incluyendo al menos unos 38 vehículos de alta gama y armas de fuego, en más de 76 diligencias realizadas en las provincias de Colón, Panamá, Panamá Oeste y Bocas del Toro.
A la fecha, la Fiscalía de Drogas ha concretado 49 sentencias condenatorias que oscilan entre los 48 y 84 meses de prisión, como parte de un proceso judicial que ha avanzado con firmeza y apego al debido proceso.
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