Sucesos
Condenan a 8 años de prisión a Cucalón
El 5 de julio de este año, la juez primera penal se acogió al término de la ley para dar su decisión sobre este caso.
El Juzgado Primero de Panamá condenó a 96 meses de prisión al exadministrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip) Luis Enrique Cucalón Uribe, como autor de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas.
La juez Agueda Rentería Sánchez emitió la sentencia condenatoria N.° 71-18, de fecha 14 de septiembre de 2018, en la que además le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término, una vez cumplida la pena principal.
Además se ordenó el comiso de 6 millones 128,451 dólares, más los intereses generados, que se encontraban aprehendidos al sentenciado en una cuenta bancaria.
Por otro lado se ordenó el levantamiento de la aprehensión provisional que pesaba sobre diferentes cuentas bancarias, al estimar la juzgadora que no se han incorporado elementos probatorios que demuestren que sean objeto de investigación por delitos contra la economía nacional u otros delitos.
La juez Agueda Rentería Sánchez emitió la sentencia condenatoria N.° 71-18, de fecha 14 de septiembre de 2018, en la que además le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término, una vez cumplida la pena principal.
Además se ordenó el comiso de 6 millones 128,451 dólares, más los intereses generados, que se encontraban aprehendidos al sentenciado en una cuenta bancaria.
Por otro lado se ordenó el levantamiento de la aprehensión provisional que pesaba sobre diferentes cuentas bancarias, al estimar la juzgadora que no se han incorporado elementos probatorios que demuestren que sean objeto de investigación por delitos contra la economía nacional u otros delitos.
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El fallo también le reconoce al hoy procesado Luis Enrique Cucalón Uribe, el tiempo que lleva en detención preventiva, que corre desde el día 25 de mayo de 2015 hasta la fecha.
Este proceso se inició con la querella interpuesta por Diógenes de La Rosa Cisneros, apoderado por del exministro Dulcidio De La Guardia, por supuesta falsificación ideológica de documentos públicos, a raíz del contrato N.° 100 de 25 de agosto de 2010, suscrito por la sociedad Cobranzas del Istmo, S.A., que la constituía como gestor de cobro para la recuperación de cartera morosa y no pagada. Los auditores de la Contraloría establecieron una lesión patrimonial al erario público de $ 29,561,501.67.
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Este proceso se inició con la querella interpuesta por Diógenes de La Rosa Cisneros, apoderado por del exministro Dulcidio De La Guardia, por supuesta falsificación ideológica de documentos públicos, a raíz del contrato N.° 100 de 25 de agosto de 2010, suscrito por la sociedad Cobranzas del Istmo, S.A., que la constituía como gestor de cobro para la recuperación de cartera morosa y no pagada. Los auditores de la Contraloría establecieron una lesión patrimonial al erario público de $ 29,561,501.67.