Sucesos
Condenan al exalcalde Bosco Vallarino a 12 años de prisión
Vallarino es investigado por un delito contra la administración pública, al admitir en una entrevista de televisión que recibió dinero para favorecer a un empresario.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Circuito Judicial de Panamá falló a favor de la condena del exalcalde del distrito de Panamá, Bosco Ricardo Vallarino Castrellón, por el delito de peculado agravado en perjuicio del Municipio de Panamá.
La Sentencia Condenatoria No. 91, dictada el 15 de junio de 2023, impuso una pena de 12 años de prisión al exalcalde y su inhabilitación para ocupar cargos públicos una vez que cumpla la pena principal.
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Asimismo, el tribunal condenó a Luis Marcelino Stanziola y Noris Raquel Castañedas Rodríguez, quienes desempeñaban el rol de fiscalizadores de la Contraloría General de la República, a 3 años de prisión por el delito de peculado culposo. A ambos se les impuso también la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo, una vez hayan cumplido su condena.
Estas condenas son resultado de la malversación de fondos públicos que superan los 250,000 balboas, relacionados con la adjudicación de dos contratos a las empresas JUELPA, S.A. y Consultoría y Asesoría de Panamá, S.A.
El primer contrato se otorgó para llevar a cabo una consultoría sobre el manejo seguro de desechos sanitarios en el distrito de Panamá, mientras que el segundo tenía como objetivo desarrollar un plan de reorganización del sistema de seguridad del Municipio de Panamá.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción revelaron graves irregularidades en el proceso de adjudicación de estos contratos, así como la participación activa del exalcalde y los dos funcionarios de la Contraloría General en el desvío de fondos públicos para beneficio personal.
La condena impuesta al exalcalde Vallarino Castrellón, además de enviar un mensaje contundente en la lucha contra la corrupción, busca asegurar la reparación del daño causado al Municipio de Panamá.
El tribunal determinó que la malversación de fondos representa una seria violación de la confianza depositada por la ciudadanía en sus representantes públicos y que dichas acciones deben ser sancionadas de manera ejemplar.
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