Denuncian pugnas internas entre comisionados de la Policía Nacional

La abogada penalista Clementina Rodríguez Jaén, defensa del comisionado Carlos Ortiz, a quien  se pretenden destituir luego de 25 años de ejercicio en la Policía Nacional, abrió la caja de Pandora, en la que destaca la lucha interna entre altos funcionarios de la institución y el uso de documentación falsa para abrir los procesos disciplinarios.
Justino González, quien forma parte de la defensa de Ortiz, aseguró  que por la pugna interna entre los altos oficiales se han producido persecuciones feroces contra personas que tienen hojas de vida intachables de servicios a lo largo de su carrera policial: también denunció que los procesos disciplinarios son equiparados al "inquisitivo perverso", en los que no hay ningún tipo de debido proceso.
El abogado indicó que se ha querido hacer un vínculo entre la separación de la Policía Nacional del comisionado Carlos Ortiz con otros hechos que ocurrieron durante la administración anterior que tenían relación con persecusiones políticas selectivas.
Según González, el director de la Policía, Jorge Miranda está generando una crisis institucional so pretexto de generar transparencia dentro de las filas de los uniformados, porque está incurriendo en la persecución selectiva de oficiales.

Por su parte, la abogada Rodríguez explicó que el caso del comisionado Ortiz inició cuando la cabo Verónica Gómez se presentó en la oficina de su representado y le explicó que se le pretendía destituir supuestamente por denigrar a Policía Nacional con pruebas de alcoholemia que jamás aparecieron.
Ante la denuncia de Gomez, el comisionado Ortiz pidió que se abriera una investigación por este caso, además de la revisión de la medida de destitución.
La Junta Disciplinaria Profesional sustituyó la destitución por 60 días de arresto que la cabo Gómez cumplió en octubre del 2018. Sin embargo, en febrero del 2019, llega al despacho del comisionado Ortiz una resolución en la que le informaban de la destitución de la cabo Gómez, con las firmas del expresidente de la República de ese entonces, Juan Carlos Varela y del exministro de Seguridad, Alexis Bethancour.
Las jurista explicó que debido a que la cabo había cumplido una sanción impuesta, si su representado acataba esta orden entraría en un doble juzgamiento, lo que significaría en una acción delictiva o la extralimitación de funciones por parte de quienes en ese entonces regentaban la Policía Nacional.
La abogada indica que se le han acercado oficiales y le han informado que quienes componen la junta disciplinaria tienen procesos penales.