Detención preventiva para ecuatoriano que deportaron de Panamá
Según el director nacional de Investigaciones de la Policía Nacional de Ecuador, Freddy Sarzosa, se presume que Salcedo cruzó la frontera con Colombia de forma irregular y que el 29 de diciembre tuvieron conocimiento de que pasó de Colombia a Panamá.
La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para Daniel Salcedo, deportado el miércoles desde Panamá y uno de los más 30 involucrados en Ecuador en el caso de corrupción llamado 'Metástasis', por sus aparentes vínculos con el presunto narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 en la cárcel.
La Corte Nacional de Justicia informó que "se cumplió la orden de prisión preventiva" dictada contra Salcedo, quien llegó anteaoche a Quito junto al exgobernador (exdelegado del Ejecutivo) en la provincia costera de Guayas, Álvaro Ponce.
Ponce, quien se encontraba junto al Salcedo en el momento de su detención en Panamá, está requerido por la Justicia ecuatoriana por presunto peculado (malversación) en otro caso de corrupción.
Ambos fueron detenidos en Panamá el martes tras el aviso brindado por la Policía ecuatoriana a sus pares panameños. Sobre Salcedo pesaba una alerta roja de la Interpol para ser detenido.
Según el director nacional de Investigaciones de la Policía Nacional de Ecuador, Freddy Sarzosa, se presume que Salcedo cruzó la frontera con Colombia de forma irregular y que el 29 de diciembre tuvieron conocimiento de que pasó de Colombia a Panamá.
El caso "Metástasis" se originó en las diligencias para determinar las causas de la muerte de Norero, que llevaron a la Fiscalía y la Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron conversaciones (chats) que daban cuenta de las presuntas relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.
Sobre esa base -y de otros elementos de convicción- se determinó que los ahora procesados habrían coordinado estas acciones para conseguir beneficios en procesos judiciales, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otros, sostiene la Fiscalía General del Estado.
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