Empleador es condenado por obligar a menor indígena a trabajar 5 meses por $30
Una adolescente de 17 años, de la etnia Ngäbe Buglé, se le ofreció un trabajo como empleada doméstica, con la promesa de un salario mensual de $100, misma que su empleador no le cumplió.
Un juez del Tribunal de Juicio Oral de Penonomé, condenó a Diego Rojas a pagar 80 meses de prisión, como pena principal por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, en perjuicio de una adolescente de la etnia Ngäbe Buglé.
A petición de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, el Tribunal, también le impuso a Rojas como pena accesoria tres años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, y ordenó la indemnización a la víctima por $2,000.00.
Los hechos investigados ocurrieron cuando una adolescente de 17 años, de la etnia Ngäbe Buglé, se le ofreció un trabajo como empleada doméstica, con la promesa de un salario mensual de $100 y durante cinco meses de trabajo solo se le pagó la suma de $30.00, y luego fue lanzada de la residencia bajo amenazas.
#SucesosCri Actualmente el @MINSAPma se encuentra evaluando qué sanción le será impuesta al funcionario. https://t.co/W6s7iyindv — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 14, 2020
La menor fue trasladada desde la provincia de Bocas del Toro hasta una residencia ubicada en Villas del Llano Marín, en Penonomé, provincia de Coclé, donde fue sometida a horas extendidas de trabajo; a realizar labores domésticas y cuidar cuatro infantes, sin días de descanso.
La menor solicitó apoyo de una vecina del lugar, quien la llevó con las autoridades. En la investigación del caso se pudo establecer que durante el tiempo que la adolescente estuvo en la residencia se le prohibía hablar con los vecinos y llamar a sus familiares, solo conversó con sus padres en dos ocasiones y por escasos minutos.
Esta es la primera condena que se logra por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral desde que entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio.
La representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la Fiscal de Circuito Esperanza Montenegro y la Fiscal Adjunta Gladys Pérez, de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.
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