Panamá abre conversaciones con Minera Panamá para una reapertura controlada
El proceso estará a cargo de un equipo interministerial liderado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo que permita obtener mayores beneficios económicos para el país, bajo condiciones que incluyen soberanía nacional, protección ambiental y el cumplimiento de la legislación panameña.
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El proceso estará a cargo de un equipo interministerial liderado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien tendrá la responsabilidad de conducir las negociaciones con la empresa minera.
Mulino estableció cinco principios que calificó como irrenunciables: que los recursos minerales del subsuelo pertenezcan a Panamá, que el país reciba el máximo beneficio económico, que se respete la soberanía nacional, que se apliquen estrictos controles ambientales y que cualquier eventual acuerdo cumpla con la Constitución y las leyes.
Entre los puntos que se discutirán está:
- Propiedad de los recursos: los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá.
- Beneficio económico: el país deberá obtener el máximo beneficio, con resultados que se sientan en todo el territorio nacional.
- Soberanía: ninguna empresa podrá decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.
- Protección ambiental: se exigirán los más altos estándares, con controles estrictos, fiscalización independiente e información pública.
- Respeto a la ley: cualquier acuerdo deberá cumplir plenamente con la Constitución y las leyes de Panamá.
El mandatario también dejó claro que cualquier entendimiento deberá contemplar un plan de cierre ordenado y definitivo de la mina, financiado por la empresa, que incluya acciones de reforestación y prevención de daños ambientales. Según lo anunciado, este cierre no será negociable ni podrá extenderse mediante prórrogas.
Mulino aclaró que el anuncio representa únicamente el comienzo de las conversaciones y que el proceso contará con información pública y participación ciudadana, especialmente de las comunidades cercanas al proyecto, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Asimismo, insistió en que un eventual entendimiento no representará una concesión minera. De alcanzarse un acuerdo, el Gobierno dará a conocer la figura jurídica que lo respaldará.
