Femicidio cometido por menores: El dilema de la Ley 40 y las sanciones
Un giro radical en el caso de Zuleimi De Gracia traslada el debate del aislamiento geográfico al vacío penal comarcal: las limitaciones de la justicia penal de adolescentes en Panamá frente al femicidio y el alarmante repunte de cifras que eleva a 21 los feminicidios registrados en el país durante 2026.
Panamá- La reciente aprehensión de un menor de 16 años como el presunto autor del femicidio de Zuleimi De Gracia, da un giro absoluto al expediente judicial. Este escenario traslada la discusión del abandono geográfico a un vacío penal igual de crítico: los límites y alcances de la justicia penal de adolescentes en delitos de máxima gravedad cometidos dentro de territorios indígenas.
Un sistema especial frente al delito más grave
Al confirmarse que el sospechoso es un menor de edad, el caso sale de la esfera de la Fiscalía de Homicidios convencional y queda bajo la jurisdicción especializada de la Fiscalía de Adolescentes y los Jueces de Niñez y Adolescencia. En Panamá, la Ley 40 de 1999 (régimen especial de responsabilidad penal para menores) establece que el fin primordial del sistema no es el castigo punitivo, sino la resocialización y la reintegración del menor a la sociedad.
Esto genera un choque inmediato con las exigencias de justicia de la comunidad comarcal de Tebujo. Mientras que un adulto que comete un femicidio enfrenta penas severas de entre 25 y 30 años de prisión según el Código Penal panameño, la pena máxima de privación de libertad aplicable a un menor de entre 15 y 17 años está estrictamente topada a 12 años de prisión, independientemente de la brutalidad del crimen.
El nudo crítico de las medidas cautelares en áreas de difícil acceso
El proceso judicial para este menor enfrentará los mismos desafíos estructurales que retrasaron el levantamiento del cuerpo de Zuleimi. Para legalizar la aprehensión e imputar cargos, las autoridades disponen de un plazo constitucional estricto. Sin embargo, trasladar a un menor procesado desde las entrañas del distrito de Müna hasta un Juzgado de Adolescentes debidamente constituido (ubicado por lo general en las cabeceras provinciales como David o Santiago) expone la desconexión del sistema judicial.
Además, en caso de dictarse una detención provisional como medida cautelar, el sistema se enfrenta a la falta de infraestructuras adecuadas. Panamá no cuenta con centros de custodia y cumplimiento especializados para adolescentes en riesgo o en conflicto con la ley penal dentro de las comarcas, obligando al desarraigo total del menor y complicando el debido proceso con enfoque intercultural.
La deuda de la justicia restaurativa y el rol de las autoridades tradicionales
Este caso obliga a examinar el rol de los congresos locales y los caciques de la Comarca Ngäbe-Buglé. Históricamente, las faltas y conflictos internos en estas comunidades se resuelven a través de la justicia tradicional indígena (Caciques y Voceros) bajo parámetros de mediación comunitaria.
No obstante, al tratarse de un delito capital de orden público como el femicidio, la justicia ordinaria del Estado panameño desplaza automáticamente a la ley tradicional. El nuevo ángulo investigativo radica en auditar cómo la falta de articulación entre los jueces comarcales tradicionales y los fiscales de adolescentes genera un limbo donde las alertas tempranas de violencia ejercida por menores de edad no son canalizadas a tiempo hacia las instituciones del Estado, dejando a las jóvenes comarcales en una vulnerabilidad absoluta ante agresores de su propio entorno generacional.
Estadísticas frías
De acuerdo con reportes del SIEC y del Ministerio Público, Panamá registró en el quinquenio 2019-2023 un total de 110 femicidios y 69 tentativas. Aunque durante el 2025 los feminicidios marcaron una leve baja nacional a 20 casos reportados, los primeros nueve meses de 2026 encendieron las alertas al contabilizarse 19 feminicidios hasta el 30 de septiembre, reflejando un incremento del 46% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando la cifra fue de 13 casos. A esa cifra se suman el femicidio de Dohanna Natzury Díaz Brown de 42 años, cuyo cadáver fue ubicado en avanzado estado de descomposición, dentro del cuarto de alquiler en el que ella residía con su pareja, en el sector Paraíso, puente de La Cruz, corregimiento de Mateo Iturralde, San Miguelito el pasado 8 de octubre y ahora el de Zuleimi con los cuales la cifra se eleva a 21.
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