Más de 1,000 detenidos en 21 días de protestas
En la provincia de Colón, se realizaron 109 aprehensiones, incluyendo a 101 adultos y 8 menores de edad. Se reporta el daño de 14 cámaras de videovigilancia policiales en la zona.
La Policía Nacional de Panamá aprehendió a 1,061 personas en un periodo de 21 días durante las manifestaciones contra el contrato del Estado con la empresa Minera Panamá.
Estas acciones responden a la comisión de delitos de vandalismo y daños a la propiedad durante manifestaciones que han tenido lugar en diversas provincias del país, según informa la institución en una nota de prensa.
El equipo legal de la Fuerza Pública ha logrado judicializar a los detenidos, presentándolos ante el Ministerio Público y los Jueces de Paz correspondientes. Los hechos delictivos se han registrado principalmente en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí, y Colón.
En la provincia de Colón, se realizaron 109 aprehensiones, incluyendo a 101 adultos y 8 menores de edad. Se reporta el daño de 14 cámaras de videovigilancia policiales en la zona.
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Los actos de vandalismo han afectado a 63 locales comerciales y 19 instituciones gubernamentales, entre ellas 13 oficinas gubernamentales y una no gubernamental. Se reporta también el vandalismo de 28 cámaras de videovigilancia, estaciones del Metro, cajeros automáticos y 5 dependencias policiales. Además, durante las manifestaciones en Panamá Este, Darién y Colón, se decomisaron 3 armas de fabricación casera.
Es importante destacar que, en uno de los incidentes recientes de vandalismo a locales comerciales, uno de los propietarios no presentó denuncia formal ante las autoridades.
Hasta el momento, se contabilizan 40 unidades policiales lesionadas, con cinco casos de agresiones físicas, 28 por impacto de objetos contundentes y siete con armas de fuego, de los cuales dos agentes se encuentran hospitalizados y 19 incapacitados.
En cuanto a los daños materiales, se registran 66 vehículos afectados, desglosados en 32 gubernamentales, 34 policiales y 18 autos particulares.
La Fuerza Pública reitera su compromiso de mantener el orden y la seguridad en las calles, actuando conforme a la ley y entregando a las autoridades competentes a aquellos que infrinjan la misma.
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