Reunión para consensuar polémica ley
Representantes de gremios, asociaciones y fundaciones se reunieron con el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino y su equipo de trabajo, para despejar dudas sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, que reposa en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Diputados.
Durante la reunión en la que participó también el secretario general Jonathan Riggs y la directora de Asesoría Legal, Irina Conoán, el ministro Pino explicó que este proyecto, que pretende debilitar el músculo financiero de las organizaciones de criminales, no está escrito en piedra, motivo por el cual, se busca el consenso y aporte de la sociedad civil y gremios.
En el encuentro con los representantes de la sociedad civil, el ministro Juan Manuel Pino reiteró la importancia de que Panamá cuente con una ley de extinción de dominio. “Es necesario que nuestro país cuente con una herramienta que pueda atacar las finanzas de grupos organizados”, añadió.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, indicó que este tipo de foros permite que se abra el compás para proponer aportes, comentarios y dudas que pueden ser de importancia, para que el documento pueda ser realmente efectivo para la persecución del crimen organizado.
En tanto, Sabrina Tejada de la Fundación Cívico, indicó que la necesidad de contar con una ley de extinción de dominio está presente, toda vez que permite llegar a algunos puntos importantes en el combate contra el poder financiero de grupos organizados.
En la reunión también participó Carlos Alfredo Berguido de la Asociación Bancaria, Itzel Barnett de la Superintendencia de Valores de Panamá e Ileana Luttrell, directora de Asuntos Gremiales y Jurídicos de la Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura de Panamá.
La propuesta de Extinción de Dominio pretende convertirse en un mecanismo efectivo que lleve a la desarticulación de los grupos delictivos, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal, y como hecho de justicia social, el Estado consigue recuperar estos bienes y logra resarcir el daño causado a la sociedad.