Seguridad imperfecta: Poder del crimen organizado desafía al gobierno
Con el nuevo gobierno, los asaltos a negocios comerciales en todo el país se han incrementado, así como a oficinas gubernamentales, llegando incluso a violar la seguridad perimetral del aeropuerto internacional de Tocumen
Estamos próximos a cumplir los 100 días de la “luna de miel” del nuevo gobierno; este espacio de tiempo no ha sido respetado por los criminales, quienes han continuado operando más agresivamente. El Estado, a la defensiva. El panorama muestra un incremento de la inseguridad ciudadana y de las acciones criminales.
Con el nuevo gobierno, los asaltos a negocios comerciales en todo el país se han incrementado, así como a oficinas gubernamentales, llegando incluso a violar la seguridad perimetral del aeropuerto internacional de Tocumen con un robo a la oficina de aduanas, usando armas y violencia.
Los asesinatos por sicarios siguen en aumento, especialmente en Colón, donde ya se registran 90 homicidios. Todas las acciones han sido cometidas utilizando armas de fuego o de perdigones. La seguridad es imperfecta.
Se conocía el deterioro del frente interno del pasado gobierno, no es una situación nueva; es una crisis continuada, una acumulación de actos criminales, sobre todo ejecuciones por sicariato. Lo novedoso es la penetración en el Ministerio Público, cuando un fiscal de Drogas renuncia para prestar sus servicios a una estructura criminal que fue desmantelada en la Operación “Jericó”.
Los narcos operaban con total protección e impunidad. Como decimos en buen panameño... ¡¡¡Estaban sobrados!!!
En la actual situación de Panamá, estamos en la fase de un Estado cooptado y reconfigurado por los narcos y pandilleros criollos. Por lo tanto, no es solo responsabilidad de la Policía Nacional; la principal responsabilidad recae en los poderes políticos, que deben tomar decisiones o desarrollar políticas correctas.
La Policía Nacional tiene una “camisa de fuerza”; están limitados, amarrados, para actuar con firmeza, ya que el sistema actual se los impide. Es bien sabido que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) les da ventajas a los criminales, como el derecho a cubrirse el rostro y “garantizarles todos sus derechos”, dejando de lado que están frente a la justicia por algún motivo.
Los policías enfrentan estas ventajas “legales” de los criminales. No disponen de leyes que protejan o defiendan sus actuaciones en servicio. Lo que sí existe es una política de derechos humanos que limita la aplicación de procedimientos policiales de disuasión.
Con los procedimientos actuales, hay restricciones en el empleo de la fuerza disuasiva; las normas vigentes limitan el uso de la vara policial, la pistola eléctrica, y las escopetas con perdigones de mentira. Todo esto beneficia a los maleantes. Y ni pensar en el uso de la fuerza letal o el arma de reglamento.
Se debe legislar en función de la situación actual: el aumento del poder de las bandas y pandillas. Sin embargo, la Policía Nacional sigue operando con las reglas de 1990, cuando se impuso el concepto de que todo lo militar era malo, y la prioridad fue una política de protección de los derechos humanos, aunque los criminales no los respeten.
Dada la gravedad de la actual situación de “la inseguridad imperfecta”, este gobierno, el número 8 postinvasión, tiene la obligación de defender a los buenos panameños, que somos la mayoría. Para enfrentar la actual crisis de inseguridad, es necesario revisar las leyes y procedimientos policiales, brindándoles más apoyo legal y un mayor respaldo real al esfuerzo policial.
Hoy, la seguridad es imperfecta. No hay otro camino que cambiar el actual equilibrio de fuerzas, que favorece al crimen organizado criollo.
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