Un insurgente fariano en Panamá
La publicación fue realizada con la iniciativa del Periodismo de Investigación de las Américas, en colaboración con el Centro Internacional de Periodistas, Connectas y CRíTICA.
Ha pasado desapercibido en el país desde hace cinco años, J.M. (siglas como definiremos la identidad de un entrevistado de las Farc, que accedió a dar información), confesó cómo purgó 4 años en la cárcel La Joya, en Panamá, por el delito contra la seguridad colectiva y pidió reserva de su nombre a este diario.
En su confesión, el hombre que ha recorrido la manigua colombiana y panameña, dijo haber llegado al país para trabajar directamente en el financiamiento de la guerrilla a través del narcotráfico.
El insurgente que formó parte de las columnas en el Magdalena Medio, oriundo de Juradó, en el Chocó colombiano, y posteriormente se movía como pez en el agua en comisiones del Frente 57, se dedicó en los últimos años antes de caer en el presidio, al tráfico marítimo de cocaína. No le bastaba tomar 6 horas desde Juradó en el pacífico chocoano hasta la isla de San Miguel, en Panamá, para transportar hasta 600 kilos de cocaína.
La droga iba a dar a barcos pesqueros y se ingresaba a los esteros, llegó a utilizar lanchas go-fast con 200 caballos de fuerza. Esto lo aprendió de su tío, un pescador de Juradó.
No solo era un lobo marino en el pacífico colombo-panameño. Contó cómo en el distrito Arraiján custodió los caletos que resguardaban cocaína en residencias alquiladas por colombianos narcotraficantes.
“Yo entré desde los doce años a las FARC, me fui a caminar todo el Magdalena, me lo conozco, mi madre se fue a la costa caribe con mi hija, a la que está criando”, dijo J.M.
La revelación de su ingreso a Panamá fue a través de actos de corrupción. Llegó pidiendo protección humanitaria desde Colombia como víctima de la situación armada. “Obtuve una ayuda ilegal de la Sijin (Seccional de Investigación Criminal”, me dieron papeles y me guiaron cómo en Panamá tenía que contactar a un hombre en Onpar (Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados),
me arreglarían mi situación por 2 mil dólares, yo solo tenía 1,500 para entregar, así conseguí mi carné de refugio”, confesó el entrevistado.
Panamá ha capturado a 5 colombianos irregulares armados desde 2009 a la fecha; contabiliza a 11 desmovilizados en el mismo período, ha neutralizado (muerte) a 5 insurgentes, incautado 20 fusiles de guerra en acciones de seguridad fronterizas, decomisado un total de 683 mil dólares producto de acciones ilícitas en la frontera colombo-panameña.
Para el Servicio Nacional de Fronteras, los 104 hombres que se movilizan en el Frente 57 de las FARC, no tienen la misma capacidad de ocupar el territorio panameño, solo están dedicados a cuidar a los jefes de este frente y a traficar droga.
Libardo Valderrama C., director Nacional Servicio Jesuita a Refugiados -Colombia, al referirse a las acciones bélicas en la frontera colombo-panameña y sus consecuencias dijo haber constatado, que la guerra se ha desarrollado de una manera particular y diferenciada al resto del país. Podría decirse que en estos espacios bifronterizos, tanto los grupos armados ilegales tradicionales como los nuevos grupos paramilitares postdesmovilización, desarrollan acciones que pasan desde acciones bélicas, hasta narcotráfico, contrabando y demás.
“Esta situación no ha sido debidamente atendida por la institucionalidad, al punto que muchas de estas regiones no tienen presencia estatal, y en algunos casos cuando esta se hace presente, solo lo hace desde una concepción militarista”, puntualizó Valderrama.
El exvicecanciller de la República, Marcel Salamín, argumenta que Panamá no se debe dejar absorber con el tema de la guerrilla, “corremos peligro”.
Según estimaciones de Insightcrime, en mayo de 2013, en la publicación sobre el Bloque Iván Ríos: la División de Combate Más Vulnerable de las FARC, las ganancias del Frente 57 se estiman en $50 millones.
El Servicio Nacional de Fronteras, en su análisis sostiene que las Bacrim y la alianza coyuntural con las FARC son el principal problema que enfrenta Panamá, en medio de un proceso de paz, donde no ha cesado el accionar ilícito del Frente 57 y los 72 hombres que forman el bloque Nicolás Sierra y las 12 bandas criminales que actúan en los municipios de Acandí y Unguía.