Ganar gracia
La situación del Ministerio Público es harto compleja. Por un lado, las incesantes denuncias de corrupción institucional a todos los niveles; por el otro, la escogencia de
La situación del Ministerio Público es harto compleja. Por un lado, las incesantes denuncias de corrupción institucional a todos los niveles; por el otro, la escogencia de una nueva procuradora, que sin demeritar sus cualidades personales y profesionales, a juicio de algunos sectores ciudadanos fue designada a contravía del consenso y consulta prometida en campaña electoral.
En medio de todo esto, las complejas investigaciones sobre supuestos escándalos de corrupción las adelantan precisamente funcionarios de instrucción que en el pasado reciente han sido señalados por situaciones “ non sancta”.
Eso es peligroso para la institucionalidad del sistema de administración de justicia y para los propios investigados, ya que nos encontramos ante el panorama de fiscales ávidos de ganar gracia con la nueva jefa del Ministerio Público.
Y es que la Licda. Porcell ha dicho claramente que “habrá cambios” en el Ministerio Público, en buenas cuentas esto significa que algunos fiscales, personeros y otros funcionarios quedarán de patitas en la calle o se les pedirá que recojan sus muleles y salgan por la puerta ancha de la renuncia.
Por ello, no debe extrañar que algunos fiscalitos —con el fin de ganar gracia con la nueva jefa y en el afán de permanecer en el puesto— profundicen a niveles insospechados el “show” mediático y seudojurídico que diariamente estamos viendo los panameños.
No extrañará entonces, que se siga deslizando bajo la mesa información sensitiva a ciertos medios, que hagan anuncios temerarios o decreten medidas cautelares extremas. Todo eso, como se ha dicho, para ganar gracia con la nueva jefa.
Que no se repita la torpeza e imprudencia de una exprocuradora que entró y botó a todos los fiscales y al final, el Estado tuvo que pagar millones de dólares en indemnización ante esos despidos injustificados.
Pero si es necesario, que se haga una auditoría judicial a todas las fiscalías; y funcionario que no cumplió con sus obligaciones, a cesarlo del cargo; eso sí, respetándole el debido proceso al que tienen derecho.