El abogado Víctor Almengor presentó en la Procuraduría de la Nación una advertencia de nulidad contra los hechos que se puedan producir en la actuación del Ministerio Público en la investigación que ordena la reapertura del caso CEMIS, emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Almengor, quien es representante legal del ex legislador Mateo Castillero, señalado en el expediente, pidió a la Procuraduría que proceda enviar a la Corte el expediente del caso CEMIS, por supuesta coima para aprobar un contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo para el Centro Multimodal, Industrial y de Servicio, para que se valore la vista fiscal que fue emitida el 31 de diciembre de 2002.
En el escrito el jurista pidió a la Procuraduría separar las dos investigaciones, la de la posible coima en el caso CEMIS y de la escogencia de dos magistrados de la Corte, como lo ordenó la Corte Suprema.
La defensa de Castillero basó la advertencia de nulidad en que la Procuraduría General de la Nación inició investigaciones de supuestos actos de corrupción denunciados por la ex diputada a Balbina Herrera, con motivos de la aprobación del nombramiento de los magistrados Alberto Cigaruista y Winston Spadafora.
Se señala que posteriormente fue acumulada esa investigación con los hechos denunciados, por supuesta corrupción en la aprobación del contrato celebrado entre el Estado panameño y el Consorcio San Lorenzo, formándose el expediente que hoy se investiga.
Recordaron que mediante la vista fiscal No. 155 de 31 de diciembre de 2002, emitida por el ex procurador General de la Nación, José Antonio Sosa, solicitó a la Corte que dentro de las investigaciones que se instruyeron por supuestos delitos de corrupción, se dictara el sobreseimiento provisional a favor Mateo Castillero.
La Corte remitió al Ministerio Público la semana pasada el expediente para continuar las investigaciones del CEMIS.
REAPERTURA ORDENADA POR LA CORTE SUPREMA: RESOLUCION
Se advirtió que si en la investigación implica la vinculación de diputados, se debe elevar el expediente a la Corte, que deberá designar a un magistrado de la Corte, que hará las veces de fiscal.
Se deberá remitir a la Asamblea Nacional, para su investigación y juzgamiento, en caso de que exista fundamento, el expediente de la denuncia presentada por la ex legisladora Balbina Herrera.
