Lo sucedido con los oficiales del Servicio de Protección Institucional (SPI) que laboraban como guardaespaldas del hoy convicto por lavado de dinero David Murcia Guzmán, pone al descubierto las faltas de control en ese componente de la Fuerza Pública.
Aunque las labores se realizaban en su tiempo libre, el asunto va más allá de una simple falta administrativa. Además pone al descubierto que había más involucrados en esa tarea de escoltas para el colombiano dueño de la empresa DMG.
Los altos cargos del SPI debieron poner sus cargos a disposición del jefe del Ejecutivo, a quien expusieron al ridículo de jurar y perjurar que no había protección oficial hacia Murcia, cuando era todo lo contrario.
Para colmo se integra una comisión para investigar lo sucedido en el SPI que será presidida por el Ministro de Gobierno, quien para cuando se le brindaban los servicios de protección a Murcia, era el Ministro de la Presidencia y por ende superior de los investigados.
Lo referente al caso Murcia tiene todavía muchas aristas ocultas. Es como una película de terror, que conforme van pasando los capítulos salen a relucir cosas más espeluznantes.
Así las cosas, el Ministerio Público debe jugar su papel para desarrollar una investigación imparcial y eficiente, para determinar las responsabilidades del caso.
Ya al menos el Tribunal Electoral ordenó levantar el fuero a dos candidatos presidenciales y a uno a la alcaldía, dentro de las sumarias para esclarecer si hubo o no donaciones de Murcia a la campaña política panameña.
Quizás al final se alegue que cuando el dueño de DMG entregó sus donaciones era un respetable empresario y no tenía antecedentes penales, pero resultaría penoso que alguien financiado con dinero sucio logre acceder a un cargo de elección popular.