David Murcia Guzmán, detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, podría acogerse a los artículos 22 y 25 de la Constitución Nacional de Panamá, que señalan el derecho a un abogado y a no declarar contra sí mismo.
Murcia ha señalado que se ratificará de las declaraciones hechas recientemente donde reveló supuestas donaciones realizadas a las campañas del PRD.
Sin embargo, su abogado en Panamá, Roniel Ortiz, dijo que aún el Ministerio Público no les ha notificado de la toma de declaración indagatoria a Murcia, que contará con la presencia de un fiscal panameño, ya que es un proceso que se investiga en Panamá.
En Bogotá se encuentran el fiscal decimocuarto de Circuito Penal, William Parodi y la subsecretaria de la Procuraduría de la Nación, Kenia Purcell, quienes viajaron ayer para entregar a la Fiscalía General de Colombia, cuatro asistencias judiciales para el proceso de investigación que realizan tres fiscalías en Panamá contra Murcia Guzmán.
Dos de las asistencias judiciales entregadas son de la Fiscalía Decimocuarta por el delito de captación masiva de dinero, otra es de la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la investigación de presunto peculado efectuado por ex miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI), quienes le sirvieron de escoltas a Murcia.
La otra asistencia judicial enviada corresponde a la denuncia interpuesta por el político opositor Luis Eduardo Camacho.
En total han sido tramitadas seis asistencias judiciales a las autoridades de Colombia y se efectúa el proceso de traducción al inglés de una asistencia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico en el caso DMG y dos correspondientes a Belice, donde permanece una cuenta de DMG, explicó la secretaria de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Nación, Gretta Marchosky.
Sobre el informe efectuado por un miembro del SPI a la Junta Disciplinaria de la entidad al servir como guardaespaldas de Murcia, donde se menciona al empresario Ernesto Chong como contratante de ese grupo de escoltas presidenciales, este a través de sus representantes legales negó las aseveraciones hechas por el agente de seguridad 3, Fernando Aguilar.
Por su parte, la abogada María Eduarda Córdoba Chen, representante legal del empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira, quien mantiene una fundación de apoyo a DMG, denunció que su cliente ha sido objeto de amenazas y le están dando seguimiento y vigilancia a sus movimientos en la ciudad capital.