El presidente Martín Torrijos anunció ayer mayores controles migratorios y un aumento de penas a los menores que delincan, quienes podrían enfrentar cárcel hasta 12 años.
A criterio del mandatario, "resulta alarmante e inadmisible" la impunidad que cubre a los menores delincuentes, por lo que al cumplir la mayoría de edad culminarán su pena en los centros penitenciarios para adultos.
Torrijos dijo que los controles migratorios buscan evitar el ingreso de extranjeros con antecedentes criminales, en un esfuerzo por frenar la violencia en el país.
También advirtió que "no se le va a dar tregua" a los que participen en las pandillas y que se les "perseguirá sin contemplaciones".
Torrijos dijo que el tema de exigir visas a los colombianos es una medida que se está contemplando, pero que aún está a nivel de consultas con Colombia y otros países.
Dentro de las reformas que serían enviadas a la Asamblea antes de Semana Santa, se incluye la modificación de los términos con que cuentan las autoridades para retener a un menor de edad por investigación. Además se planteó sanciones severas para el delito de pandillerismo.
El mandatario dijo que en el caso de delitos graves, como homicidio, se pedirá mediante un proyecto de ley un aumento de penas a los menores, que podría pasar de siete años de cárcel, que es el máximo castigo actualmente, hasta 12.
"No podemos tolerar que por la edad se cometan crímenes y luego queden impunes", señaló el mandatario, quien adelantó que ese proyecto de ley será enviado con carácter de urgencia notoria a la Asamblea Nacional
Señaló a su vez que se castigará "severamente" a los menores y adultos que porten armas indebidamente. Los adultos que utilicen a menores para cometer delitos "serán procesados sin derecho a fianza", añadió.
Los controles migratorios incluye la cancelación de las prórrogas de permisos para turismo, las cuales sólo podrán ser definidas hasta un máximo de 90 días.
El jefe del Ejecutivo adelantó que los operativos como el realizado en Curundú, serán intensificados. El anuncio de las medidas coincide con una andanada de críticas contra el gobierno debido a los altos niveles de violencia en el país.
ACTORES EN PLAN DE SEGURIDAD
Ministerio Público (Reforma para uso de bienes cautelados). La Procuradora Ana Matilde Gómez manifestó que parte del objetivo de las reformas es disponer, de forma expedita, de los bienes cautelados.
�rgano Judicial (Coordinación entre jueces y fiscales). La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, planteó la ejecución de un programa intensivo de coordinación a nivel de jueces y fiscales.
Policía Nacional (Operativos y represión del crimen)
El director de la Policía Rolando Mirones anunció el incremento del pie de fuerza de policía en 400 unidades en la ciudad capital.
Dirección de Migración (Reformas en las leyes migratorias). Ricardo Vargas, director General de Migración, anunció la aplicación de operativos para la detección de indocumentados y su inmediata deportación.
Estadísticas de la institución demuestran que mensualmente se tramitan 800 solicitudes de legalización de extranjeros.
Policía Técnica Judicial (Depuración de archivos delictivos). El director encargado de la PTJ, Gustavo Barragán, confirmó la operación de unas 100 pandillas delictivas. Indicó que frente a este hecho se incrementará el trabajo de inteligencia anti pandillas.
REACCIONES
Ricardo Martinelli lamentó que al gobierno le haya tomado 3 años tomar estas decisiones en lugar de hacerlas el primer día de gobierno en el 2004.
Recordó que durante la campaña del PRD se prometió más seguridad, pero la violencia, los asaltos y los secuestros han aumentado.
El panameñista Juan Carlos Varela manifestó que el anuncio de Torrijos se concentró en un plan represor, olvidándose de un proyecto bien coordinado de resocialización y prevención del crimen.
"Las medidas anunciadas son positivas, pero debe haber un proyecto que permita clausurar las escuelas del crimen en las que se han convertido algunos barrios de la capital", agregó.
Varela dijo que también se debe pensar en los jóvenes que estudian y se preparan para salir del círculo vicioso de la violencia en las comunidades pobres de la capital.