Dos demandas contenciosos administrativas de nulidad e inconstitucionalidad fueron presentadas por el abogado Víctor Martínez contra el Ministerio de Obras Públicas y contra varias frases del contrato de concesión NO. 70-96, celebrado entre el Estado y la Sociedad ICA Panama, S.A.
Señala la sustentación de las demandas que desde el punto de vista financiero las frases tachadas de inconstitucionalidad no representan el mayor beneficio para el Estado y los intereses públicos, y son un perjuicio porque no permitirán que dicha obra revierta al Estado.
Martínez también pidió la suspensión del acto que pretende realizar el gobierno nacional con ICA, hasta que se pronuncie la Corte Suprema.
