La Defensoría del Pueblo llevó a cabo una inspección en la cárcel pública de La Palma, en la provincia de Darién, con el objetivo de atender las quejas presentadas por los privados y privadas de libertad, en relación con la mala calidad del agua, inadecuada alimentación, mora judicial, hacinamiento y falta de atención médica.
El Personal del Programa de Supervisión de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría escuchó y tomó nota del sentir de los internos, quienes aseguraron, entre otras cosas, que sus derechos humanos están siendo violados como consecuencia de las pésimas condiciones físicas de la cárcel, donde están hacinados, considerando que actualmente la población de detenidos supera el centenar.