Un sector de la población está en alerta a raíz de la aprobación de la Resolución número 090 de 20 de julio de 2007, expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que dejó sin efecto el procedimiento para adquirir la propiedad de las tierras estatales urbanas e insulares mediante su titulación ante la Dirección General de Catastro, denunció el abogado Aneldo Arosemena.
El gobierno nacional argumentó que a través de la nueva resolución, se busca evitar el acaparamiento de tierras por parte de los especuladores, precisó Arosemena, presidente del Centro de Atención Jurídica Comunitaria de Panamá.
Sin embargo, con reglamentación se establecen requisitos que impedirán a los que poseen tierras propiedad del Estado, heredadas o transferidas, la titulación de los derechos posesorios que tiene sobre las mismas, indicó el jurista.
