Panamá es signataria de un sinnúmero de normas internacionales que buscan garantizar el respeto a la dignidad humana y la integridad física, psicológica y moral de los privados de libertad. Su fin primordial es que los sistemas penitenciarios sean entes de rehabilitación y readaptación social de los que han cometido algún delito.
Normas que en la gran mayoría de los países del continente no se cumplen, por falta de recursos económicos y de voluntad política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que en el continente prevalece el hacinamiento y la falta de condiciones dignas en las cárceles.
Panamá no es la excepción. Nuestras cárceles son realmente deprimentes. En ellas conviven seres humanos en las condiciones más deplorables que se pueden imaginar. Y en medio de este escenario, la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, advierte que el 60% de los reclusos de la cárcel La Joyita no supera los 30 años de edad.
Este grupo de detenidos tiene toda una vida por delante. La mayoría tendrá la oportunidad de salir nuevamente para tratar de reintegrarse a la sociedad. Entonces, es importante que el Estado les dé las herramientas necesarias para lograrlo.
La visita que hizo el lunes la ministra al penal y los compromisos que asumió en esa dirección son pasos positivos. Ella como trabajadora social sabe lo importante que es tratar de resocializar a esta gente. El trabajo que hagamos con ellos hoy será fundamental mañana para evitar que los crímenes aumenten en las calles.