Los empresarios dedicados al negocio de bailes típicos han manifestado su descontento por las pérdidas económicas derivadas últimamente de este tipo de espectáculos, lo que según ellos, llevará al cierre de los lugares dedicados a esta actividad.
Varios factores están incidiendo; el principal, los tantos impuestos con que el estado grava a los empresarios dedicados a este negocio en establecimientos permanentes, frente a la venta abierta y sin control de bebidas alcohólicas en lugares ocasionales.
Esta carga impositiva hace que el dueño de la fiesta descargue en el consumidor los sobrecostos del producto, obligando a los bailadores a irse a sitios cerrados tales como discotecas, bares y cantinas.
Los tradicionales jardines que surgieron en la década de los años sesenta, y adonde concurrían los amantes de la música típica para divertirse y compartir sanamente, parecen tener sus días contados.
Entre las quejas de los empresarios está el número de agentes policivos que les obligan a contratar para vigilar cada baile, lo cual resulta lógico por el clima de inseguridad.
Por cada unidad de policía se debe pagar B/.42.00, a eso hay que sumarle el impuesto municipal, honorarios al personal.
Las empresas licoreras han contribuido a establecer un monopolio basado en la exclusividad de los músicos y las bebidas.
Atrás quedaron los días de los Jardines Cosita Buena, el Orgullo de Azuero, La Pollera, el Club 24 y la Playa de Veracruz, época en que los empresarios Dimas Cárdenas, los Hermanos Arturo y Chema González y el español Sindo López contrataban dos conjuntos, uno de músicos que se iniciaban en el acordeón, para amenizar el sarao en horas de la tarde, y otro de cartelera para el baile en la noche.
Sería una pérdida irreparable para nuestra tradición ver desaparecer un espectáculo popular tan panameño, que nos distinguió por ser un pueblo con raíces culturales propias.
