Bolivia cumple nueve días de paro mientras se debate abrogar una polémica ley
Las manifestaciones, puntos de bloqueo y vigilias se han mantenido en algunas regiones como Santa Cruz, el epicentro de las protestas y principal bastión político de la oposición, en la capital Sucre, Potosí y en Cochabamba la actividad normal del tránsito y el comercio aún está pendiente.
Bolivia cumple este martes el noveno día de protestas contra una polémica ley señalada por vulnerar las libertades ciudadanas que ha articulado a sectores como transportistas, comerciantes, cívicos y opositores al Gobierno, y que está en camino de abrogación en el Parlamento.
Las manifestaciones, puntos de bloqueo y vigilias se han mantenido en algunas regiones como Santa Cruz, el epicentro de las protestas y principal bastión político de la oposición, en la capital Sucre, Potosí y en Cochabamba la actividad normal del tránsito y el comercio aún está pendiente.
En varias zonas de Santa Cruz persisten los puntos de bloqueo con esquinas en las que los manifestantes han dejado escombros o han tendido de extremo a extremo de algunas calles banderas con inscripciones que dicen "No a la ley 1386", de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, la norma rechazada.
No obstante, en esa región las demandas también incluyen la anulación de las llamadas "leyes malditas" además de la reposición de los dos tercios de votación en el reglamento de debates de la Cámara de Diputados y el Senado, donde el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) tiene mayoría.
En Sucre, la Policía de tránsito ha identificado alrededor de unos 37 puntos de bloqueo varios de ellos organizados por sectores del transporte, mientras que la estación de buses interdepartamentales ha operado en un porcentaje mínimo.
El Comité Cívico de Potosí (Comcipo) recalcó que las medidas de presión se mantendrán hasta que el Gobierno promulgue la anulación de la ley 1386, algo que ya sido aprobado por la Cámara de Diputados esta madrugada y que continúa en discusión en el Senado.
En Cochabamba, entidades como el regional Comité de Defensa de la Democracia (Conade) han optado por mantener el estado de emergencia hasta que el Parlamento concluya con el trámite de anulación de la norma y el Ejecutivo nacional lo apruebe definitivamente.
PROTESTAS ESTE MIÉRCOLES
Pese a que el oficialismo señala que el presidente Luis Arce ha "honrado su compromiso" del pasado sábado cuando anunció la anulación de la ley, se anticipan para este miércoles más manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.
La Asamblea de la Paceñidad, presidida por el opositor alcalde de La Paz, Iván Arias, ha programado una marcha en la ciudad sede del Gobierno de Bolivia por la anulación del "paquete de leyes" observadas y la restitución de los dos tercios de votación en el Legislativo.
Ante esto, también sectores afines al Gobierno han anunciado concentraciones como la que se prevé se organice en la ciudad vecina de El Alto con el "Gran Cabildo Popular" que se manifestará contra el paro cívico indefinido que comenzó el lunes de la pasada semana.
DEBATE PARLAMENTARIO
A pesar de que el Senado discute la anulación de la ley 1386, los legisladores del MAS y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos se han enfrascado en la controversia por la "exposición de motivos" de la ley de anulación de la norma 1386.
Esta disidencia ya se presentó en la madrugada cuando la Cámara de Diputados aprobó la anulación y derivó ese texto legal al Senado.
El MAS sostiene de que la anulación de la ley se hace porque se gestaba un segundo "golpe de Estado" como considera que sucedió durante la crisis de 2019, y hubo una deliberada "desinformación" en los alcances de la ley, mientras que la oposición pide que el oficialismo admita que falló en la socialización del texto legal.
Bolivia atraviesa desde hace dos años una persistente polarización política que se agudizó en los últimos días por las protestas regionales de anulación de leyes, aunque el Gobierno vio en ello un intento de desestabilización y el interés de grupos políticos por buscar la impunidad por los sucesos de 2019. EFE
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