Brasil pide embargo a 52 personas y 7 empresas por asalto golpista
Los defensores del Estado sostienen que esas 59 personas físicas y jurídicas "financiaron el flete de autobuses para los actos golpistas que resultaron en la destrucción" de las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, a manos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
Seguidores del expresidente Jair Bolsonaro salen de las tiendas de campaña en un campamento, hoy, frente al Cuartel General del Ejército, en Brasília (Brasil). EFE / Archivo
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Por: Brasilia / EFE -
La Abogacía General del Estado brasileño solicitó este jueves a la Justicia el bloqueo de 6,5 millones de reales (1,3 millones dólares) en activos de 52 personas y 7 empresas que supuestamente financiaron el asalto a los tres poderes del domingo pasado en Brasilia.
Los defensores del Estado sostienen que esas 59 personas físicas y jurídicas "financiaron el flete de autobuses para los actos golpistas que resultaron en la destrucción" de las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, a manos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
El montante embargado se destinaría para "reparar los daños causados por la depredación de patrimonio público, en caso de una posterior condena", según informó en una nota la Abogacía General de la Unión (AGU), que subraya que el valor solicitado es preliminar, pues los daños aún no han sido calculados de forma integral.
La lista de bienes solicitados para su bloqueo incluye "inmuebles, vehículos y dinero en cuentas bancarias", y apenas afecta a aquellos que "contrataron los autobuses" que llevaron a miles de bolsonaristas radicales hasta Brasilia para participar en el ataque golpista.
Esos grupos extremistas no reconocen la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre pasado y presionan para derrocar al dirigente progresista de la Presidencia y devolver al poder a Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña.
Los abogados del Estado alegaron que el embargo cautelar es necesario por "la gravedad de los hechos practicados", pues, "además de dañar el patrimonio público federal", hubo una "amenaza real al régimen democrático brasileño", lo que requiere "una respuesta rápida y eficaz".
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El ataque a los tres poderes de la democracia brasileña duró cuatro horas y dejó un balance de unos 1.800 detenidos, aunque prácticamente la tercera parte ha sido puesto en libertad por "cuestiones humanitarias".
Las investigaciones se centran ahora en identificar a los financiadores de la intentona golpista, entre los cuales hay comerciantes, empresarios del sector agrícola y amantes de armas de las regiones sur, sudeste y centro-oeste de Brasil, según el ministro de Justicia, Flávio Dino.
La Fiscalía también ha pedido a la Corte Suprema investigar a tres diputados bolsonaristas por "incitar" la insurrección del 8 de enero en Brasilia.
Igualmente, el Supremo apartó de sus funciones, por 90 días, al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y ordenó la prisión del exsecretario de Seguridad Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y del excomandante de la Policía Militar, Fábio Augusto Vieira, por su "omisión" en los actos golpistas. EFE