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Costa Rica: Reabre caso contra expresidente peruano Toledo
La desestimación del caso contra Toledo forma parte de un serie de causas cerradas en condiciones polémicas que están siendo revisadas por la fiscal costarricense.
La Fiscalía de Costa Rica informó hoy que reactivó la causa penal contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) por supuesto lavado de dinero en el país relacionado a aparentes sobornos de la empresa Odebrecht.
"La causa penal se reactiva en contra del expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique, su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman", precisó en un comunicado la nueva fiscal general, Emilia Navas.
De acuerdo a la información oficial, Navas analiza este caso desde el inicio de su gestión, el 13 de octubre pasado, con el objetivo de determinar "si ameritaba su reapertura o si, por el contrario, se mantenía la desestimación, dictada desde el 3 de junio del 2015".
Navas asumió como fiscal general el pasado octubre luego de que Jorge Chavarría fue suspendido temporalmente de ese cargo por aparentes irregularidades en la investigación de otro caso local de supuesta corrupción.
Navas explicó en su comunicado que después de un análisis se determinó que "el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada".
Además de legitimación de capitales, la Fiscalía General investiga la causa contra Toledo por delitos tributarios, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y peculado, de acuerdo a la información oficial.
Según la Fiscalía, del análisis del caso contra Toledo se desprende que "existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales, lamentablemente, se encuentran prescritos".
De acuerdo a la información oficial, Navas analiza este caso desde el inicio de su gestión, el 13 de octubre pasado, con el objetivo de determinar "si ameritaba su reapertura o si, por el contrario, se mantenía la desestimación, dictada desde el 3 de junio del 2015".
Navas asumió como fiscal general el pasado octubre luego de que Jorge Chavarría fue suspendido temporalmente de ese cargo por aparentes irregularidades en la investigación de otro caso local de supuesta corrupción.
Navas explicó en su comunicado que después de un análisis se determinó que "el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada".
Además de legitimación de capitales, la Fiscalía General investiga la causa contra Toledo por delitos tributarios, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y peculado, de acuerdo a la información oficial.
Según la Fiscalía, del análisis del caso contra Toledo se desprende que "existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales, lamentablemente, se encuentran prescritos".
Estas conductas encuadran "en el artículo 70 de la Ley 8204, entre ellas, que no se analizaron ni reportaron operaciones sospechosas y que se omitió información bancaria que fue requerida a los funcionarios, sobre el presunto lavado de activos".
El comunicado oficial advierte que "por tratarse de un caso en investigación, cubierto por el secreto de las actuaciones (artículo 295 del Código Procesal Penal), no es posible ampliar en otros detalles".
El caso por el movimiento de 17 millones de dólares en cuentas bancarias de Costa Rica pertenecientes a sociedades anónimas conformadas en este país, fue archivado este año por un juez a pedido de la Fiscalía.
El suspendido Chavarría tuvo a su cargo el equipo que investigó el caso del expresidente Toledo.
La desestimación del caso contra Toledo forma parte de un serie de causas cerradas en condiciones polémicas que están siendo revisadas por la fiscal costarricense, según ella misma declaró.
Las investigaciones de las autoridades de Perú y Brasil indican que al menos 17 millones de dólares de supuestos sobornos fueron movilizados a las cuentas de sociedades anónimas establecidas en Costa Rica.
En Perú, Odebrecht es investigada por el presunto reparto de 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014, y los primeros denunciados han sido Toledo y el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), detenido en prisión preventiva por presunto lavado de dinero.
A raíz de la denuncia de presunto lavado de activos, Toledo tiene una orden de detención preventiva por 18 meses en Perú, que la justicia peruana tramita para lograr su extradición de Estados Unidos, donde reside desde hace varios años.
El comunicado oficial advierte que "por tratarse de un caso en investigación, cubierto por el secreto de las actuaciones (artículo 295 del Código Procesal Penal), no es posible ampliar en otros detalles".
El caso por el movimiento de 17 millones de dólares en cuentas bancarias de Costa Rica pertenecientes a sociedades anónimas conformadas en este país, fue archivado este año por un juez a pedido de la Fiscalía.
El suspendido Chavarría tuvo a su cargo el equipo que investigó el caso del expresidente Toledo.
La desestimación del caso contra Toledo forma parte de un serie de causas cerradas en condiciones polémicas que están siendo revisadas por la fiscal costarricense, según ella misma declaró.
Las investigaciones de las autoridades de Perú y Brasil indican que al menos 17 millones de dólares de supuestos sobornos fueron movilizados a las cuentas de sociedades anónimas establecidas en Costa Rica.
En Perú, Odebrecht es investigada por el presunto reparto de 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014, y los primeros denunciados han sido Toledo y el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), detenido en prisión preventiva por presunto lavado de dinero.
A raíz de la denuncia de presunto lavado de activos, Toledo tiene una orden de detención preventiva por 18 meses en Perú, que la justicia peruana tramita para lograr su extradición de Estados Unidos, donde reside desde hace varios años.
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