"Diamante", el caso de corrupción que sacude al sistema municipal de Costa Rica
El "Caso Diamante", bautizado así por las autoridades judiciales, se refiere al presunto pago de dádivas y sobornos por parte de las empresas constructoras MECO y Explotec, a cambio de favores en la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
La implicación en presuntos actos de corrupción de al menos seis alcaldes, tres de ellos de las principales ciudades de Costa Rica, ha sacudido al sistema municipal de este país centroamericano y provocado la reacción inmediata del Gobierno que ha planteado una reforma legal para eliminar la reelección indefinida en esos cargos.
El "Caso Diamante", bautizado así por las autoridades judiciales, se refiere al presunto pago de dádivas y sobornos por parte de las empresas constructoras MECO y Explotec, a cambio de favores en la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas en los municipios de San José (centro), Alajuela (centro), Cartago (centro), Escazú (centro), Osa (sur), Golfito (sur), San Carlos (norte) y Siquirres (Caribe).
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, las dádivas y sobornos incluirían dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Entre los delitos que se investigan figuran cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, negó que el nombre "Caso Diamante" tenga algo que ver con la serie animada Los Simpsons y su personaje "Alcalde Diamante", que en la trama televisiva se caracteriza por sus actos de corrupción.
"La probidad del funcionario público, su honestidad y su manera de comportarse debe ser como un diamante: transparente, luminosa, clara, dura y absolutamente libre de la posibilidad de golpes como los que recibe el país a partir de la corrupción", explicó Espinoza sobre el nombre del caso.
ENORME OPERATIVO
Desde el lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía han empleado unos 600 agentes y una treintena de fiscales para efectuar 40 allanamientos en diversas zonas del país, que involucraron alcaldías, casas de alcaldes, empresas y otras instalaciones, que prosiguen ese martes en algunos sitios.
Para sorpresa de muchos, en un país donde no es frecuente la detención de altos funcionarios públicos, seis alcaldes fueron arrestados el lunes: Johnny Araya (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), quienes dirigen tres de los municipios más importantes del país, así como Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Alberto Cole De León (Osa), y Arnoldo Barahona Cortés (Escazú), este último uno de los municipios de más auge comercial y de desarrollo inmobiliario en las últimas décadas.
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Este martes comenzó la audiencia de medidas cautelares que se prevé se extienda por unos tres días debido a la cantidad de sospechosos detenidos.
Además de los 6 alcaldes, fueron detenidos otros funcionarios municipales de apellidos Boraschi González (Escazú), Chacón Ugalde (Alajuela), Castro Camacho (San José) y Suárez Vázquez (Golfito), así como el propietario de la empresa Explotec, de apellidos Cruz Porras, y el gerente de la planta de asfalto de la empresa constructora MECO, de apellidos Gutiérrez Vargas
LÍMITES A LA REELECCIÓN
Inmediatamente fue conocido el caso, el presidente del país, Carlos Alvarado, envió al Congreso un proyecto de ley que limita a los alcaldes a una sola reelección para periodos consecutivos de cuatro años, con lo que se reforma el artículo 14 del Código Municipal que en la actualidad no establece límites a la reelección.
El proyecto de ley es obra de dos diputados y el presidente Alvarado lo convocó para su discusión, pues en la actualidad el Congreso se encuentra en un periodo de sesiones extraordinarias en las que el Ejecutivo tiene el control de la agenda de los proyectos a discutir.
De los alcaldes detenidos Araya y Córdoba han ganado 5 elecciones.
Los impulsores de la iniciativa han afirmado que es una reforma necesaria para garantizar la alternancia de poder en puestos de elección municipal y que con ello se fortalecerá la democracia.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el principal sindicato del país, exigió que los alcaldes investigados en el "Caso Diamante" sean separados de sus cargos.
"Ante los hechos que se investigan, como mínimo, los alcaldes deben ser separados de sus cargos hasta el final de los correspondientes procesos. Dejarlos en sus puestos es inmoral y contraproducente", expresó.
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