EE.UU. restringe visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, revocó los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado en las que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

El fiscal superior, Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrucpión y de violencia contra la mujer, Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de policía Frans William Cabrera son otros de los afectados.

La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".

Bolivia exige respeto

El Gobierno de Bolivia calificó de "graves" las acusaciones del Departamento de Estado estadounidense contra altos cargos y exfuncionarios a los que revocó el visado, incluido el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y anunció que pedirá información sobre estos señalamientos para que sean investigados.

El anuncio fue realizado a los medios por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y de la Presidencia, Fernando Aramayo.

"Las declaraciones y señalamientos de EE.UU. son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad", sostuvo Justiniano, quien explicó que se pedirá, "a través de las instancias competentes", información complementaria y "elementos probatorios".

Por su parte, Oviedo afirmó que "si se han emitido estas revocatorias de visa, debe ser porque tienen pruebas", y anunció "un proceso de investigación a fondo" para que las personas mencionadas por el Departamento de Estado respondan ante la justicia boliviana.