ELN desata indignación por “condenas” a funcionarios secuestrados
Los secuestrados son dos Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, además de dos policías de la DIJIN
El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, calificó este miércoles como “inaceptable” la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de “condenar” a varios años de “prisión revolucionaria” a cuatro funcionarios secuestrados en 2025 y pidió al Gobierno acciones para mantener el orden en el país.
“El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El procurador general desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles”, manifestó la Procuraduría (Ministerio Público) en un comunicado.
Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca (este) y quienes, según un comunicado leído el martes por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses, respectivamente.
También los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron “condenados”, respectivamente, a 36 y 32 meses de secuestro prolongado.
Al expresar su “más categórico rechazo ante la pretensión inaceptable del grupo criminal autodenominado ELN”, el procurador exigió además “la liberación inmediata y sin condiciones” de los secuestrados.
De igual forma, instó “al Gobierno nacional a tomar las acciones pertinentes para mantener el respeto y la salvaguarda del orden nacional”.
Las “condenas” anunciadas por el ELN han provocado una ola de indignación en Colombia, donde desde diferentes sectores políticos y sociales se han producido manifestaciones de rechazo a los secuestros cometidos por ese grupo armado ilegal.
El ELN tuvo diálogos de paz que no prosperaron con el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante los cuales se alcanzó un acuerdo para renunciar al secuestro con fines económicos, pero en la práctica nunca ha abandonado ese delito.
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