Eurocámara lleva el acuerdo con el Mercosur a la Justicia europea
La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos, aprobada por una estrecha mayoría - 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones.
La Comisión Europea lamentó este miércoles que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, y defendió que es un pacto de "vital" importancia para el bloque comunitario.
"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento", dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión.
Añadió que, además, no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile.
Preguntado sobre si el Ejecutivo comunitario contempla aplicar provisionalmente el acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE, explicó que la Comisión seguirá centrada en mantener el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué "pueden apoyar este acuerdo con confianza" y la "vital importancia" del mismo para la UE, tanto en términos económicos como para su "fortaleza geopolítica en el mundo".
El portavoz comunitario añadió que tras la decisión de la Eurocámara el tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebrarán mañana por la tarde, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.
"Veremos cómo van esas discusiones", dijo.
La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos, aprobada por una estrecha mayoría - 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones -, en la práctica paraliza la tramitación del pacto entre la UE y el Mercosur hasta que los jueces dicten su opinión, lo que suele tardar entre 18 y 24 meses.